Sánchez Haro ha explicado que el departamento que dirige respondió el pasado mes de noviembre a la Unión Europea a una consulta pública de la Comisión al respecto con un documento de posición del Gobierno regional. Esta comunicación oficial complementaba la información ya trasladada a Bruselas en agosto, cuando se solicitaba la opinión de los distintos territorios sobre la conveniencia o no de contar con una normativa común dirigida a evitar estas prácticas.

El titular de Agricultura ha apuntado que desde Andalucía se defiende la necesidad de contar con una regulación comunitaria relativa a estas relaciones desleales entre empresas y entre empresas y productores, que debe sumarse a la directiva ya existente para regular la relación de las entidades con los consumidores y productores en el mercado interior. Para ello, considera indispensable crear un marco legislativo que otorgue más poderes de inspección, sanción e intervención en este ámbito a las autoridades comunitarias. De esta forma, se lograría una mayor armonización en el ámbito europeo al evitar las disfunciones derivadas de los diferentes grados de intensidad de las sanciones impuestas por cada Estado miembro.

De hecho, la Consejería de Agricultura ha sugerido a Bruselas el establecimiento de una autoridad competente en la materia tanto en el ámbito comunitario como de los Estados miembro. Este organismo velaría por la correcta aplicación de la normativa y recibiría las denuncias que puedan producirse por abusos derivados de las prácticas comerciales desleales, garantizando el anonimato para evitar que el miedo a acusar a otra empresa perpetúe estas prácticas.

Otra propuesta de la Consejería de Agricultura se encamina a combatir la asimetría de la información que existe en las relaciones contractuales del sector agrario, ya que actualmente se dispone de numerosos datos de la fase primaria de las transacciones pero no de las demás etapas de la cadena. Por esta razón, el consejero ha sugerido la creación de un Observatorio de Precios europeo similar al existente a nivel de la Junta de Andalucía, que aporte además referencias sobre costes y condiciones de las transacciones relativas a los eslabones intermedios del proceso, que serían de gran utilidad para la sociedad y los profesionales del sector. Desde Andalucía se apunta que el suministro de esta información debería ser obligatorio, pero sin suponer un incremento de la burocracia ni un obstáculo para la libre ejecución de los contratos dado el alto nivel de desarrollo y uso actual de medios tecnológicos avanzados.

Por último, otra de las peticiones del Gobierno regional a Bruselas se refiere a la inclusión de cláusulas de reparto de valor entre los agricultores, sus asociados y el primer comprador en los contratos de productos agrarios. Para hacer efectiva esta posibilidad sería necesario darle la máxima difusión entre los agentes del sector y que las administraciones se involucren asesorando a los interesados con el fin de favorecer acuerdos entre ambos eslabones de la cadena.