Como metas específicas, el plan propone aumentar en un 20% el núme-ro de mujeres empleadas y su presencia en puestos directivos, incrementar en un 42% la facturación de las producciones ecológicas y de calidad diferenciada (Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas); alcanzar el 20% de aportación de las renovables al consumo energético total de la agroindustria; duplicar el número de empresas agroindustriales con actividad innovadora y la presencia de empresas en el mercado digital; aumentar un 20% las firmas exportadoras; superar el 50% de las ventas fuera de la Unión Europea, y reducir en un 10% la tasa de temporalidad y en un 30% la de accidentes graves y mortales en el sector.

El documento se estructura en nueve líneas estratégicas, cada una con su previsión financiera: sostenibilidad integral (299,1 millones de euros); efi-ciencia y dimensión empresarial (166,2 millones); internacionalización (83,7); innovación y transferencia de investigación (52,1); calidad comercial y orientación a consumidores (50,8); calidad diferenciada y nichos de mercado (35); impulso a las nuevas tecnologías (34,2); gobernanza (4), y equilibrio, cooperación y transparencia en la cadena agroalimentaria (2,7).

Algunas de las acciones previstas en estas líneas ya están en marcha. Entre ellas destacan los incentivos a la modernización, cuya última convocatoria cuenta con una dotación total de 108,12 millones de euros, con tres bloques de ayudas para pymes, sector olivarero y grandes empresas. Esta cantidad permitirá el desarrollo de unos 200 proyectos, la consolidación de más de 17.700 empleos y la posibilidad de crear otros 2.700.

Entre las iniciativas novedosas que desarrollará el plan destacan la creación de una nueva marca de calidad para la promoción de los productos agroalimentarios; la constitución del Foro Andaluz de la Cadena Agroalimen-taria; el impulso a sistemas de mediación extrajudicial de conflictos; la espe-cial atención a la venta directa, los mercados locales y las cadenas cortas de comercialización, y la habilitación de nuevos instrumentos de gestión de aler-tas de fraude a la calidad comercial. En términos generales, el grueso de las medidas prioritarias se vinculan a la internacionalización, la innovación y el equilibro de la cadena agroalimentaria, atendiendo prioritariamente a productores y consumidores.

El texto define como actuaciones preferentes para la concesión de ayu-das y subvenciones aquellas que avancen en la igualdad de oportunidades en-tre mujeres y hombres, así como en la creación, consolidación y mejora de empleo de calidad. Se priorizará igualmente el compromiso medioambiental de los solicitantes y los proyectos que incluyan medidas vinculadas a la disca-pacidad, el impacto en la salud y la seguridad laboral.

El plan ha sido redactado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con la colaboración de los departamentos de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Economía y Conocimiento; Salud, y Empleo, Empresa y Comercio. Asimismo, cuenta con el acuerdo de las principales organizaciones sindicales y empresariales de la comunidad (CCOO, UGT y la CEA); de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, y de otras entidades representativas de los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria (sectores primario e industrial, distribución y consumidores).

La agroindustria andaluza es, tras la catalana, la segunda más impor-tante de España en términos de valor añadido y la primera en exportaciones. Con más de 3.150 empresas exportadoras (unas 1.600 regulares) y unas ven-tas de más de 8.300 millones de euros de enero a septiembre de 2017, Anda-lucía es la región que mayor volumen de alimentos y bebidas vende al exte-rior, principalmente a países de la Unión Europea. Las producciones con mayor valor económico en sus exportaciones son las hortofrutícolas y oleícolas.