Para el representante del Gobierno andaluz, los cambios anunciados desde Bruselas provocan "incertidumbre y preocupación para nuestro sector agrario, ya que llevan implícitos cambios de enorme calado, tales como la desaparición de los derechos de pago básico, al vincularlos al cumplimiento de objetivos ambientales; la renacionalización de la PAC, ya que no rechaza de forma expresa la cofinanciación de los pagos directos; y una cofinanciación a la que nos oponemos frontalmente porque supondría una ruptura del mercado único europeo".

Por ello, desde el Gobierno andaluz, ha explicado el consejero, "queremos tomar la iniciativa en este asunto, absolutamente definitivo para el futuro de nuestra agricultura y el de nuestros pueblos y trabajar por un posicionamiento común, tal y como se lo trasladé a la ministra Isabel García Tejerina en la última reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola".

Entre otras cuestiones, "defendemos un presupuesto europeo suficiente, que sea capaz de proteger la agricultura que todos queremos, y a sus profesionales, y que contribuya a fijar la población al territorio".

Desde Andalucía, en el documento de Bruselas se echan en falta medidas de regulación de mercados "que puedan constituir una efectiva red de seguridad para los casos que no pueden cubrirse con la gestión de riesgos". Además, como ya manifestó el consejero en Madrid, aunque se profundiza en la figura de agricultor activo, "no sabemos cómo quedará esta condición después de dos años de su aplicación opcional con el Reglamento Ómnibus".