Sánchez Haro, que ha recriminado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el recorte del 37% en sus inversiones reales en Andalucía, un índice que sólo es del -7,8% en el conjunto de España, ha concretado que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha convocado 66,2 millones de euros en 2017 y que lanzará una nueva orden de subvenciones en 2018 dotada con otros 30 millones de euros más. El objetivo, ha aseverado, es avanzar hacia la culminación de un proceso de modernización que, cifrado en una inyección público-privada de más de 1.000 millones de euros entre 2007 y 2015, sitúa a Andalucía como líder indiscutible en el uso eficiente y sostenible del agua", con una implantación de los sistemas de riego localizado que abarca ya al 74% de la superficie (muy por encima de la media nacional, que es del 49%). Algo que, ha continuado, "lo hacemos, pese a los palos en la rueda del PP, porque estamos convencidos de que invertir en los regadíos es invertir en bienestar, en sostenibilidad y en riqueza".

El consejero ha expuesto en la cámara que con esos 66,2 millones de euros la Junta de Andalucía ya ha adelantado el 68,8% de los fondos del PDR para, en régimen de concurrencia competitiva, favorecer la modernización, la consolidación y nuevas infraestructuras, así como la puesta en marcha de medidas de ahorro energético. "Este año, además, ya tendremos todo el presupuesto al alcance del sector, dentro de nuestro propósito de que los fondos comiencen a traducirse en riqueza y empleo desde el minuto uno", ha apostillado.

Rodrigo Sánchez Haro ha subrayado, en este punto, el empeño del Gobierno andaluz por que las ayudas, "pese a la merma causada por el Ejecutivo de Rajoy", abriguen al máximo número posible de beneficiarios. Para ello, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha establecido topes máximos de subvención en cada línea de ayuda y ha limitado el importe máximo subvencionable a 6.000 euros por hectárea. Ante este esfuerzo, según ha ratificado, "el PP, que desde su acceso a La Moncloa en 2011 ha reducido las transferencias del Estado a Andalucía, carece de legitimidad para demandar que los fondos lleguen a todos los agricultores".

No queda ahí, a juicio del consejero, el "menoscabo" del Gobierno central, puesto que, "ejercicio tras ejercicio, no destina presupuesto a la modernización del sector arrocero, cuando el Plan Hidrológico del Guadalquivir lo contempla, y, por si fuera poco, hasta modificó las normas de las tarifas energéticas hasta el punto de provocar el abandono de instalaciones ya modernizadas". Con esto último, Sánchez Haro ha aludido de manera expresa al caso de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, que modernizó el 50% de su superficie con ayudas del Estado y la Junta y se ha visto condenada a utilizar las infraestructuras antiguas por no poder asumir el incremento del coste energético. "Frente a ello, desde Andalucía, de los 66,2 millones de euros convocados en 2017 hemos reservado 15,2 millones de euros para impulsar el ahorro energético, desde la autoproducción (6,4 millones) hasta la mejora de las instalaciones (5 millones), sin olvidar la realización de auditorías energéticas (3,8 millones)", ha sentenciado.