Para ello, otorga un elenco de facultades para modificar las condiciones de uti-lización del dominio público hidráulico y para establecer las medidas que sean preci-sas para la justa y racional distribución de los recursos disponibles, adoptándose me-didas puntuales de modificación, sustitución, incorporación y asignación temporal de recursos al sistema global de explotación.

Los procedimientos vinculados a la ejecución del Decreto Ley se declararán de urgencia, al amparo del la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que simplificará los trámites para la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, elemento central para garantizar la eficacia de esta regulación excepcional, asegurando en todo caso la necesaria participación y audiencia de los interesados.

En este sentido, el consejero ha explicado que aunque se han venido antici-pando diversas medidas de carácter preventivo, la secuencia de años secos y la merma de las reservas existentes ha derivado en una escasez en la disponibilidad de recursos hídricos para atender con garantía las demandas de estas demarcaciones. Los municipios de la costa mediterránea de la provincia de Cádiz y del litoral de la provincia de Málaga, con una población de más de dos millones de personas, obtie-nen sus recursos para el abastecimiento principalmente desde sistemas de regulación. Actualmente los escasos recursos disponibles no permiten garantizar este sumi-nistro básico a dos años.