Respecto a los contratos territoriales, ASAJA-Andalucía mantiene que se trata de una figura fallida que debería eliminarse, pues no aportan nada más allá de los compromisos y las obligaciones que todos los agricultores y ganaderos tienen asumidas por las normativas en vigor. Su implantación supondría mayor complejidad burocrática en unos momentos en los que la simplificación sigue siendo un objetivo a alcanzar en la gestión de la PAC. Los contratos territoriales ya se introdujeron en Francia, donde tras su fracaso se ha tenido que dar marcha atrás. Además la Administración andaluza cuenta ya con la figura del convenio, que hace perfectamente prescindible el contrato territorial.

Tal como ASAJA-Andalucía ha trasladado a la Consejería de Agricultura y como el propio CES-A recoge en su dictamen el artículo referido a las zonas de especial protección agraria "presenta una regulación imprecisa (...) con conceptos jurídicos indeterminados, tan vagos en su formulación, que generan un espacio de discrecionalidad próxima a la arbitrariedad". Una crítica que el dictamen aprobado por unanimidad en el CES-A extiende también a los planes de protección de zona agraria, de los que afirma que "presentan un contenido prohibitivo, en lugar de articular mecanismos de fomento dirigidos al mantenimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones", y concluye afirmando que se trata de "un enfoque con el que no podemos estar de acuerdo".

Para ASAJA-Andalucía resulta gravísimo que la nueva Ley, amparándose en estas denominadas zonas de protección agraria pretenda prohibir determinados aprovechamientos o limitar la capacidad productiva de los agricultores, lo que supone un ataque a la libertad de empresa, consagrada en el artículo 138 de la Constitución, por lo que nos preocupa especialmente este tufillo confiscatorio y expropiatorio que recuerda a la vieja Ley de Reforma Agraria.

En la misma línea ASAJA-Andalucía rechaza el concepto de infrautilización del suelo, un concepto que el dictamen del CES-A reconoce que "genera inseguridad jurídica, dada su vaguedad". Tal como el propio CES-A afirma "el anteproyecto carece de una definición de suelo en proceso de degradación sin que exista ninguna norma que defina este concepto".

Por último, respecto al régimen sancionador, el dictamen del CES-A vuelve a coincidir con las alegaciones de ASAJA-Andalucía al denunciar que los incumplimientos referidos en la Ley ya están sancionados por la Política Agraria Común, por lo que se incurriría en una doble o incluso una triple sanción, y atendiendo al principio de non bis in ídem la misma infracción no puede tener una doble sanción.

Respecto a la estructura administrativa recogida en el anteproyecto, ASAJA-Andalucía considera que es excesiva. En concreto, el texto prevé la creación o consolidación de hasta seis organismos: Consejo Asesor Agrario de Andalucía y sus ocho homólogos provinciales, Consejo Agroalimentario Andaluz, Comisión para la Internacionalización del Sector Agroalimentario, Observatorio Andaluz de Precios de la Cadena Alimentaria, Foro Andaluz de la Cadena Alimentaria y Foro Andaluz de la Innovación Agroalimentaria.

En lo referido al diálogo social, tanto el CES-A como el Consejo Consultivo han coincidido con la posición de ASAJA-Andalucía que proponía modificar el artículo referido a las Organizaciones Profesionales Agrarias, que deben estar constituidas en conformidad con la Ley 19/1977 de Libertad Sindical y esto tiene que estar especificado en la Ley de Agricultura.

Por último, desde ASAJA-Andalucía reiteramos nuestra disposición al diálogo y nos ponemos a disposición de todos los partidos políticos con representación parlamentaria para pulir este texto y lograr que salga del parlamento de Andalucía la mejor Ley para el sector.