ASAJA recuerda que los agricultores han estado todo este tiempo dentro de una situación de indefensión e inseguridad jurídica clara, creando desconcierto, ya que el mantener paralizadas unas inversiones durante todo este tiempo debiendo además mantener los requisitos planteados en la solicitud hace que la situación sea totalmente injusta. "La reclamación que venimos efectuando no es un capricho, el contador para el solicitante empezó desde el momento en que presentó la solicitud de ayuda, sin embargo, la otra parte implicada en el proceso no lo ha hecho y no ha cumplido con su parte", señala Adoración Blanque, Secretaria General de ASAJA.

Y es que la Organización recuerda que los solicitantes están obligados a cumplir una serie de requisitos cuando desean a acceder a este tipo de incentivos, entre ellos los relativos a los plazos tanto para la presentación de documentación, como para la realización de las inversiones comprometidas, y por supuesto para el mantenimiento de estos requisitos y compromisos (5 años desde el pago), por este motivo los perjuicios generados por estos retrasos pueden llegar a ser importantes. "No podemos asumir como habitual que se eternicen los plazos que la Administración tiene para resolver, también debe cumplir sus obligaciones, ya no sólo las de resolución sino además los pagos y convocatorias, que en algunas líneas también sufren estos retrasos". Por este motivo, y una vez iniciado el nuevo curso, desde ASAJA solicitamos que se resuelvan de una vez por todas esta maraña en la que se han convertido tanto las ayudas de modernización como las de incorporación de jóvenes, incluidas en el PDR y se pongan al día.

Además, queremos señalar que en el caso de las ayudas de jóvenes agricultores los últimos beneficiarios son de 2016 y que no fue hasta finales de 2017 cuando obtuvieron la respuesta en forma de resolución definitiva, desde entonces y salvo el nuevo anuncio de la Consejería no hay nuevas convocatorias.

ASAJA recuerda que las ayudas tanto genéricas como específicas de modernización son muy importantes para el sector agrario en nuestra provincia, ya que el hortofrutícola es un sector que no tiene ayudas de otro tipo, con lo cual son necesarias para hacer al sector más competitivo y eficiente.

La organización lamenta que esta situación de inseguridad jurídica, lo único que provoca es desmotivar y desicentivar a todos aquellos que muestran interés en estos incentivos que ya implican una importante carga burocrática para los solicitantes, por lo que insistimos en que lo prioritario es resolver en tiempo y forma.