Andalucía, ha incidido Serra "es una región eminentemente agraria, cuenta con el 20% de toda la superficie agraria útil de España. La agricultura aporta, junto con la industria agroalimentaria, más de 12% del PIB y genera exportaciones por valor de más de 10.000 millones de euros".

Por ello, y habida cuenta del peso que tiene este sector en la región, Ricardo Serra ha presentado un documento con 18 medidas que contempla los puntos esenciales que a juicio de ASAJA debería contemplar el próximo ejecutivo andaluz en el trazado de su política agraria.

Una "hoja de ruta" para la nueva legislatura

Se trata de un documento que ASAJA presentará la próxima semana a los grupos políticos que concurren a las elecciones del 2 de diciembre y que va dirigido a desarrollar una actividad agraria dinámica, innovadora y emprendedora para garantizar una agricultura sostenible, que genere empleo y riqueza, mantenga los más altos niveles de seguridad alimentaria, respeto medioambiental y bienestar animal.

Entre las medidas recogidas en este documento está la demanda de ASAJA-Andalucía para que se incremente el nivel de interlocución, básico para garantizar la vertebración del sector.

ASAJA recuerda que Andalucía cuenta ya con una declaración institucional sobre la nueva PAC firmada por todas las organizaciones agrarias y cooperativas junto al Gobierno regional y demanda que el nuevo Gobierno andaluz defienda una PAC fuerte, común, sin recortes, con ayudas directas basadas en derechos y regiones, que permiten una mejor adaptación a las características agrarias y ambientales del territorio, con un único plan estratégico nacional y una verdadera simplificación administrativa.

Asimismo, ASAJA-Andalucía entiende que es necesario dotar de mayor protección a los agricultores y ganaderos que constituyen el eslabón más débil de la cadena de alimentaria, por lo que pide medidas eficaces de gestión de los mercados, un marco jurídico europeo sobre competencia y cadena alimentaria y mecanismos que aporten transparencia a las operaciones comerciales.

Respecto a la política comercial, los acuerdos comerciales y las relaciones bilaterales con terceros países, ASAJA entiende que se necesita una estrategia de defensa eficaz frente a terceros por parte de nuestras administraciones, única vía para evitar atropellos como el sufrido por la aceituna negra española.

En cuestiones de sanidad vegetal, ASAJA-Andalucía sostiene que deben prevalecer los criterios técnicos y científicos sobre la demagogia o las declaraciones sin fundamento y exige una política activa en la defensa de los fitosanitarios. Los agricultores cuentan cada vez con menos "herramientas" para combatir plagas (insecticidas y acaricidas), enfermedades (fungicidas), o malas hierbas (herbicidas).

ASAJA-Andalucía renueva su apuesta por la biotecnología agraria y recuerda que el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía instaba a desarrollar esta tecnología, que puede contribuir de forma sustancial a mejorar las producciones, a rebajar los costes, a reducir los tratamientos químicos y el consumo de agua y a asegurar la viabilidad de las cosechas frente a plagas o circunstancias extremas.

Con respecto a la investigación y a la innovación, ASAJA sostiene que Andalucía necesita reforzar la capacidad de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología al sector agrario. La transferencia debe ser un requisito imprescindible para la financiación de proyectos de innovación. Es fundamental que esta innovación se dirija a la explotación agraria.

ASAJA-Andalucía considera que la promoción de los productos agroalimentarios, tanto en los mercados europeos, como en el resto de países industrializados y emergentes, debe ser una prioridad para las Administraciones.

La gestión del Plan de Desarrollo Rural tiene un amplio margen de mejora

ASAJA-Andalucía se muestra muy crítica con la gestión del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR-A). Aprobar ayudas que favorezcan el relevo generacional, la modernización de explotaciones o el desarrollo de las medidas agroambientales no es suficiente, deben adaptarse a la realidad de nuestras explotaciones, deben equipararse a las que se conceden en otras CC.AA. y deben gestionarse, resolverse y pagarse con agilidad. Y todo ello desde la interlocución permanente en la planificación y seguimiento del PDR con las Organizaciones Agrarias, lo que hasta ahora se ha incumplido sistemáticamente.

Asimismo, es necesario invertir en el mantenimiento y en la creación de infraestructuras básicas de apoyo al tejido productivo (red viaria de caminos rurales, electrificación de las explotaciones, banda ancha en la comunicación) que son vitales para la gestión diaria de las explotaciones.

Es necesario un compromiso firme de las Administraciones con el desarrollo de medidas de apoyo que superen las actuales barreras a los jóvenes, en especial las relativas a la financiación, a la incorporación y el acceso a la tierra y, paralelamente, debe fomentarse la participación e incorporación de las mujeres a la actividad agraria.

Respecto a los seguros agrarios, un instrumento fundamental en la prevención de riesgos en las explotaciones, es necesario recuperar el nivel de apoyo autonómico a la contratación al nivel previo al inicio de la crisis y equipararlo con el que se ofrece en otras comunidades autónomas.

En lo que afecta a la ganadería, la dehesa y el monte mediterráneo se hace necesaria una mayor implicación de las Administraciones en la búsqueda de soluciones a la complejidad administrativa, la sanidad animal, la crisis de precios, la defensa de la dehesa y el monte mediterráneo, etc. Este sector, clave en la ocupación del territorio, no puede estar en segunda división.

ASAJA-Andalucía demanda una política hidráulica que de estabilidad y cohesión a nuestro territorio. El agua es sinónimo de riqueza, debemos tener esta riqueza garantizada, sin hacer de la misma un "uso partidista". El regadío con solo el 25% de la superficie agraria útil de Andalucía (1.100.000 ha) representa un 67% de la renta agraria, y genera el 63% del empleo agrario, por lo que es de vital importancia acometer la modernización de todos los regadíos e incrementar la superficie de riego allá donde sea posible así como la capacidad de embalses y trasvases.

La reducción de los costes energéticos en el regadío debe ser una prioridad. Desde la desaparición de las tarifas eléctricas de riego hace diez años el aumento de los costes en este periodo ha sido del 1.000%. Por lo que muchos de los regadíos modernizados no resultan económicamente viables.

ASAJA-Andalucía se muestra contraria a la aplicación de políticas conservacionistas extremas. Una sostenibilidad ambiental que imponga limitaciones y restricciones al desarrollo de la agricultura y ganadería no debe prevalecer sobre la sostenibilidad social y económica de los territorios (ejemplos: la reintroducción y el apoyo específico al lobo frente a la ganadería extensiva, la actividad agraria y ganadera dentro de los parques naturales y nacionales, las zonas ZEPA o RAMSAR, la aplicación de los PORN y PRUG, gestión de agua, etc.)

ASAJA considera que las normativas de la PAC y las normativas sectoriales convierten en innecesarias nuevas figuras de protección y/o limitaciones adicionales.

No es razonable que el buen estado de conservación de algunos territorios, que se ha logrado a los largo de los años gracias al buen hacer de agricultores, ganaderos, silvicultores y propietarios rurales en general, sea algo que les penalice.

ASAJA-Andalucía demanda una política laboral específica para el sector agrario que adecue la normativa de prevención de riesgos laborales a la realidad y peculiaridades del sector agrario.

Y por último, en materia fiscal ASAJA-Andalucía insta a seguir avanzando en la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía para corregir aquellos aspectos que dificultan el relevo generacional (efecto de la "mujer invisible" entre otros).