En este sentido, la Mesa del Agua de Almería ha anunciado que no descarta convocar movilizaciones para impedir que el Gobierno anule los trasvases por decreto y sin querer entender que el agua es un recurso público que no pertenece a un territorio. El cambio climático no puede ser la excusa política para condenar a miles de familias de la provincia de Almería a la pobreza hídrica y con ese pretexto desmantelar la principal zona europea de producción de frutas y hortalizas durante el invierno.

Las comunidades autónomas cedentes de agua ya han manifestado su interés en ampliar la superficie de regadío, a pesar de que no cuentan con las condiciones climáticas para igualar la productividad del sureste español. "Sospechamos que todo esto no es por el cambio climático, sino por intereses empresariales que nada tienen que ver con el respeto al medio ambiente ni con la conservación de los recursos hídricos", ha asegurado el portavoz de la Mesa del Agua.

Además, la falta de capacidad eléctrica en la provincia de Almería para atender el incremento en desalación que sería necesario si se eliminan los trasvases ha sido otro de los asuntos tratados durante la reunión con el subdelegado del Gobierno. Los representantes de la Mesa han reclamado que las inversiones en infraestructuras energéticas sean proporcionales a los planes para ampliar la capacidad de desalación existente en la actualidad. De no ser así, a corto plazo podemos encontrarnos con plantas desaladoras terminadas y que no puedan entrar en servicio por falta de suministro eléctrico.

Los regantes también han recordado al subdelegado del Gobierno la necesidad de reducir los costes energéticos de la desalación, mediante la incorporación de energías renovables o mediante un régimen especial de medidas fiscales. Por último, la Mesa del Agua ha reclamado la aplicación urgente del precio social de 0,30 céntimos/m3 para el agua desalada, aprobado por ley el pasado mes de marzo y que aún no ha entrado en vigor.