Precisamente, organizaciones agrarias y representantes de comunidades de regantes han sido testigos directos de la colocación de esta "primera piedra" para alcanzar un consenso, el punto de partida para un pacto que "debe ser abordado con altura de miras" porque "es vital que todos juntos afrontemos y asumamos la necesidad de dotar a Andalucía de la política de aguas que necesita".

Cuestiones tan importantes como la planificación hidrológica, el régimen de las obras hidráulicas, la regulación del ciclo integral del agua de uso urbano y políticas de abastecimiento, saneamiento y depuración, de las aguas subterráneas, de las comunidades de usuarios, de los regímenes de prevención de inundaciones y sequías, de los caudales ecológicos de los trasvases, del régimen económico financiero del agua y régimen de infracciones son susceptibles de ser abordadas en el marco del pacto andaluz por el Agua, reza la proposición no de ley (PNL) aprobada.

Crespo ha considerado fundamental fijar una "dirección consensuada de nuestra política de agua", una tarea a nivel regional que "nos situaría en una situación de preferencia para defenderla en nuestro país".