Esta medida es fruto de las negociaciones que se han estado manteniendo con la Consejería para mejorar el actual el sistema de seguros agrarios en el que desde ASAJA hemos mantenido siempre la necesidad de apostar por estas ayudas que llegaron incluso a estar suprimidas y que se dirigen a sufragar parte del coste de las pólizas de los agricultores y ganaderos permitiendo abaratar las mismas ya que de lo contrario, suscribir una póliza de este tipo estaría fuera del alcance de la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos. El seguro agrario es una herramienta fundamental y única para proteger a las producciones agrícolas ante fenómenos como el granizo, la inundación, incendios, daños por fauna silvestre y enfermedades por lo que mejorarlo y adaptarlo a lo que necesita el agricultor es fundamental y así en Organizaciones como ASAJA trabajamos por que los agricultores y ganaderos lo conozcan y puedan contar con una herramienta que aunque es mejorable puede prevenir importantes pérdidas económicas.

Por otro lado, desde ASAJA insistimos en la importancia de cambiar el procedimiento de concesión de estas ayudas, ya que, en esta ocasión se dirigen a las pólizas que fueron contratadas a lo largo de 2018, es decir que se hace a posteriori por lo que creemos muy importante que la concesión de estas ayudas se haga como lo hace ENESA, en el momento justo de la contratación ya que permite abaratar el coste de las mismas cuando el agricultor lo necesita, que es cuando va a contratarlas. "En estos momentos se encuentran abiertas las diferentes líneas ganaderas o la del seguro de hortalizas de invernadero y resultaría más eficaz para incentivar el aseguramiento que los agricultores andaluces pudieran contar con ellas como ocurre en otras regiones, y así lo estamos solicitando a la Consejería desde hace varios años", señalan desde el departamento técnico de la Organización, Miguel Ángel Serrano.

Los agricultores para recibir estas ayudas no necesitan realizar ningún trámite, ya que el proceso de concesión se va realizando directamente al beneficiario, salvo que quieran renunciar a ellas, para lo que disponen de un plazo de quince días.