Y es que a día de hoy, cualquier titulado universitario que haya superado 40 ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) está habilitado legalmente en España para recomendar tratamientos fitosanitarios. Así lo contempla en su Anexo II el RD 1311/2012, donde se especifica que además de las ingenierías de las ramas agrícola, agrónoma y forestal, cualquier otro titulado universitario puede llegar a realizar esa función. Una gran paradoja ya que puede darse el caso de que cualquier graduado, por ejemplo en ramas de Humanidades como podrían ser Derecho, Comunicación o Historia, en menos de un curso académico, podrían actuar como asesores de campo y por lo tanto prescribir medicamentos fitosanitarios, frente a los 4 años como mínimo que necesitan las ingenierías antes mencionadas.

Por ello, es necesario limitar la expedición de la receta sanitaria a los ingenieros "que realmente están cualificados para ello y que tienen la formación teórica y práctica que los capacita para entender la gestión integrada de plagas", un concepto complejo que va mucho más lejos de saber distinguir unas plagas de otras y de conocer algunos productos fitosanitarios. "Si una ingeniería necesita cuatro años de formación universitaria es porque ofrece un conocimiento más completo de los cultivos, su fisiología, su nutrición y el control ambiental, entre otras cuestiones que hay que saber manejar correctamente para obtener una cosecha óptima con prácticas agrícolas sostenibles", ha añadido la presidenta de COITAAL.

Es decir, que el Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Almería reivindica la equiparación urgente de la receta fitosanitaria con la receta médica y la receta veterinaria, ya que ambas solo pueden ser prescritas por profesiones con titulaciones universitarias que ya vienen tasadas por la legislación como es el caso de médicos, odontólogos, podólogos o veterinarios.

Control Biológico
Durante la reunión también se abordó el trabajo que se está haciendo en el control biológico y desde COITAAL se recuerda que la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal establece que los productos fitosanitarios solo podrán comercializarse en el territorio nacional si previamente han sido autorizados e inscritos en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario. Productos que garanticen la protección de la salud humana y animal así como la preservación del medio ambiente.

Sobre este asunto, desde COITAAL se advierte que la situación de los productos ilegales "es muy preocupante pudiendo provocar alertas sanitarias con catastróficas consecuencias para el sector en general como ya ha ocurrido en el pasado". Por ello proponen mayores restricciones, como análisis aleatorios de muestras vegetales y de suelo, realizadas de oficio por la Junta de Andalucía, ya que se ha producido algún caso en el que los productos utilizados para ecológico se están certificando con una analítica del fabricante y se están detectando problemas de residuos en las producciones.