Crespo ha explicado que en la norma se echa en falta también una propuesta de rebaja del IRPF a los agricultores, compensaciones que influyan en los altos costes de producción, como bonificaciones a la seguridad social o la energía, medidas de promoción y el aumento del personal en los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF). La consejera ha afirmado que "aún hay mucho por hacer" y ha vuelto a incidir en la importancia de que se realicen "controles exhaustivos de fitosanitarios de todos los productos que proceden de terceros países". Además, ha pedido que se vigile el volumen de las importaciones sujetas a contingentes y que se denuncie ante la Unión Europea aquellos casos en que se superen las cantidades acordadas para evitar así "una competencia desleal para nuestras producciones".

En su intervención en la comisión parlamentaria celebrada hoy, Crespo ha recalcado que, por el contrario, el nuevo Gobierno andaluz ha estado desde el primer día escuchando a los agricultores y ganaderos y reclamando al Gobierno central la adopción de medidas.

Entre otras actuaciones en las que trabaja la Junta, la responsable de Agricultura ha puesto en valor el instrumento financiero que permitirá destinar hasta 750 millones de euros a préstamos sin garantía y a coste cero para agricultores y ganaderos con los que hacer frente a la crisis de precios. "Esta Comunidad Autónoma no puede arrimar el hombro más", ha aseverado Crespo, añadiendo que en Andalucía se apuesta por la integración porque "queremos ser grandes" y desde la Consejería se pondrá a disposición del sector una orden de ayudas cuyo objetivo final es facilitar que "el sector sea cada vez más competitivo".

Carmen Crespo ha explicado que, en los últimos tiempos, "los costes de producción se han disparado" debido a la apuesta de los agricultores y ganaderos por una mayor calidad, tecnificación y sostenibilidad. Para ello, los productores han realizado importantes inversiones y "el precio tiene que acompañar". "Exportamos salud", ha recalcado la titular del ramo en Andalucía, que ha solicitado al Ejecutivo central que respalde al sector a través de campañas de promoción dirigidas a fidelizar y conquistar mercados.

El olivar y la nueva PAC

En su comparecencia parlamentaria sobre el sector del olivar, Carmen Crespo ha recordado el retraso que también ha caracterizado al Ministerio de Agricultura. En este sentido, ha recordado que el Consejo del Olivar ya solicitó el almacenamiento privado el 15 de marzo de 2019, hace un año, lamentando que "entonces se podía haber influido más en los precios que ahora". Por este motivo, la consejera de Agricultura ha solicitado al Gobierno de España que ahora, de cara a la futura Política Agrícola Común (PAC) y a la futura OCM, se establezcan mecanismos de autorregulación rápidos, urgentes y con un precio de referencia actualizado. Al mismo tiempo ha pedido que se defienda que el olivar sea considerado en la nueva PAC como un sector que cumple con el régimen de los nuevos ecoesquemas.

La titular de Agricultura de la Junta de Andalucía ha hecho referencia a todos los problemas por los que atraviesa el sector del aceite de oliva y respecto de los aranceles, ha advertido que el "Estado, dentro de sus competencias, no ha estado ni en Bruselas ni en Washington, ni se le espera". Igualmente, ha recordado que tampoco "ha pedido mecanismos de crisis, ni modificar los umbrales de referencia, ni el precio", para concluir señalando que, "pese a las expectativas que todos tenían ayer, no puso encima de la mesa, aunque fuese tarde, ninguna medida fiscal, ninguna medida de modificación de los costes de producción, ninguna medida económica".

Por el contrario, la consejera ha recordado algunas de las medidas puestas en marcha para este sector por su departamento en tan solo un año de gobierno. Entre ellas, ha destacado que para olivar de montaña o tradicional se han destinado 14,6 millones de euros, así como los 18 millones dirigidos al sector para innovación y otros 12 millones más para la agroindustria. En materia de calidad, ha recordado las 769 inspecciones que han concluido en 37 expedientes sancionadores, lo que representa aumentarlas en un 60% respecto al Gobierno anterior. Igualmente, se ha referido a la promoción, en donde una de las novedades está en el encargo realizado para el estudio del consumo interno de aceite de oliva en el país.

Otras cuestiones destacadas por Carmen Crespo se refieren a los sistemas de información, sobre los que ha dicho que el Observatorio de Precios no puede ser ya solo eso, sino que tiene que establecer también los costes de producción porque ello es "vital" para el aceite de oliva. Finalmente ha enfatizado en que la orden de fusión e integración de empresas agroalimentarias está en fase avanzada después de haber sido dialogada con el sector, pues se trata de facilitar su unión; y ha valorizado los trabajos que se realizan de cara a una plataforma de comercialización e innovación.