Burgos ha subrayado el compromiso firme de Ciudadanos con los productores que “desde el principio de la crisis sanitaria y económica, han continuado trabajando para tener asegurado el abastecimiento en estos días de confinamiento en casa”. Aunque el diputado provincial también ha mostrado su preocupación por las consecuencias de esta situación excepcional en el sector de la flor cortada o en aquellos ganaderos especializados en productos para hostelería y restauración que “debido al carácter perecedero de muchos productos agrícolas, la caída de la demanda y la desaparición de canales enteros de venta pone en riesgo la inversión y el trabajo de meses”.

Entre las propuestas que se han incluido en el decálogo, Rafael Burgos ha destacado las medidas de apoyo a los autónomos de este sector que se hayan visto afectados por el coronavirus para que “no paguen la cuota mientras dure el estado de alarma y tampoco lo hagan desde el primer día los agricultores autónomos de baja o cuarentena por el COVIP-19 y no a partir del 60, como hasta ahora”. Además, Cs propone que “los agricultores que reactiven su negocio después de haberse tenido que acoger al cese de la actividad por esta causa, tendrán un año de Tarifa Plana de 60 euros al mes”. 

Según las palabras del portavoz del grupo provincial de Ciudadanos: “para reconocer el esfuerzo que están realizando nuestros agricultores y ganaderos, también debemos facilitarles los trámites administrativos y eliminar las barreras burocráticas a su actividad”. De modo que el decálogo de la formación naranja contempla “ampliar los plazos para que nuestros productores puedan tener más tiempo para solicitar ayudas de la Política Agraria Común (PAC) más allá del 15 de junio en caso de que sea necesario”. Además de “flexibilizar los procesos de solicitudes de las ayudas de la PAC o ampliar los plazos de contratación de seguros agrarios requeridos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.     

Por otra parte, el diputado provincial de la formación naranja ha hecho hincapié en que “la crisis sanitaria del COVID-19 no afecta a nuestros productos y alimentos que siguen cumpliendo con los estándares más altos de calidad y seguridad” tal y como ha confirmado la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Pero, según ha argumentado: “la desinformación puede tener un impacto negativo en la reputación y venta de nuestros productos, de manera que exigimos al Gobierno que actúe para prevenir y proteger nuestra imagen”.

Burgos ha querido recordar que ya “desde la Junta de Andalucía se han puesto en marcha una serie de medidas para mitigar las consecuencias que les está produciendo esta situación de crisis al sector agroalimentario andaluz”. Entre ellas, se ha referido a medidas de apoyo solicitadas al Gobierno nacional como que los desplazamientos a las explotaciones agrarias se declaren como imprescindibles para lograr el mantenimiento de esta actividad o la ampliación de los servicios esenciales correspondientes al ámbito competencial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y sus agencias.