La Comunidad exige al Ministerio de Agricultura garantizar la seguridad de los trabajadores del sector agroalimentario

El consejero Luengo participa por videoconferencia en el encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y reitera “la colaboración total del Gobierno regional para encontrar soluciones a los problemas”.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, participó hoy en la reunión organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el objetivo de “trasladar las demandas y necesidades del sector agroalimentario murciano en esta crisis del coronavirus”, a la vez que expresó “la disposición del Gobierno regional para encontrar soluciones a éstos problemas”.

Durante el encuentro, mostró “la preocupación del sector ante la falta de equipos de protección individual y test de detección rápida que deben garantizar la seguridad de los trabajadores, tal y como pidió el presidente López Miras al presidente del Gobierno de España el pasado domingo”.

Además, reiteró “la necesidad de disponer de una mayor flexibilidad laboral que permita adaptar la dinámica laboral a las exigencias del mercado, contando con la aprobación de todas las partes implicadas”. Del mismo modo, solicitó al ministro “que eleve a la Unión Europea la solicitud de activación del fondo de crisis previsto en el presupuesto de la Política Agraria Común, lo que dotaría de recursos extra a los más afectados”.

En relación al sector de la flor cortada, “es un sector que está atravesando graves dificultades y ya cifran sus pérdidas en más de 23 millones de euros, por lo que hemos solicitado al Ministerio bajar el IVA al 4 por ciento, disponer de préstamos a bajo interés o la exención del pago de la cuota de autónomos o exoneración del pago de la seguridad social, para ayudar a sus trabajadores”. Además, añadió, “debemos potenciar la venta y que sean uno de los primero negocios en retomar la actividad”, explicó el consejero.

En materia de ganadería, “necesitamos que el Ministerio habilite mecanismos para evitar que se modifiquen los contratos de venta de leche, de tal forma que demos garantías y seguridad a los ganaderos, a la vez que trabaje en la apertura de nuevos mercados a precio para exportar carne de caprino para aumentar las cifras de exportación, como por ejemplo el mercado chino”.

En cuanto al sector pesquero, el consejero murciano instó al Ministerio a aprobar una “prestación extraordinaria a trabajadores por cuenta propia o cuenta ajena; y que se solicité a la Unión Europea una compensación a los productores de acuicultura por la pérdida temporal de ingresos entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020”.

Por último, el consejero insistió en la necesidad de “poner en valor el trabajo de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores”, y pidió que “se intensifiquen las campañas de promoción y consumo de productos del sector primario”, a la vez que lamentó que el Ministerio “no contara con las comunidades para la aprobación del Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros, ya que podría haberse enriquecido con las aportaciones de cada una de las regiones, y se podía haber incluido la flexibilidad laboral que está demandando el sector”.

La cancelación de fondos del Gobierno central dejará sin formación para el empleo a 15.000 alumnos

El consejero Motas se muestra “muy preocupado por el hecho de que el Ministerio desprecie una palanca básica para facilitar el acceso a un puesto de trabajo, precisamente en un escenario de crisis económica”

La decisión del Ministerio de Trabajo pone en peligro partidas como ayudas y becas para que colectivos vulnerables participen en cursos de formación del presente año

La cancelación de fondos del Gobierno central dejará sin formación para el empleo en la Región de Murcia a unos 15.000 alumnos en 2021, según estimaciones de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. En total, está previsto que se dejen de celebrar unas 1.200 acciones formativas, con el consiguiente efecto económico en las entidades responsables de impartirlas, el personal docente y administrativo de las mismas, entidades sin ánimo de lucro, así como ayuntamientos.

La decisión, adoptada de manera unilateral por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la reciente Conferencia Sectorial, supone que el dinero que correspondería a la distribución territorial de 2020 para formación profesional para el empleo, 30,7 millones de euros en el caso del SEF en la Región de Murcia, se destinará al SEPE para hacer frente a prestaciones. Por tanto, no se distribuiría el dinero que le corresponde a la Comunidad para formación.

De esta manera, el SEF, dependiente de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, sólo dispondría de 1,9 millones de euros para formación este año. Como consecuencia, no sólo no se podrían programar nuevas actividades formativas con cargo al ejercicio 2020, sino que los gastos acarreados por la programación de cursos de 2019 (seguimiento de los cursos, ayudas y becas para alumnos vulnerables, justificación económica, auditorías, entre otros) quedan ahora en suspenso, ya que corren a cuenta del presente ejercicio.

El consejero Miguel Motas se mostró “muy preocupado por el hecho de que el Ministerio desprecie una palanca básica para facilitar el acceso a un puesto de trabajo, precisamente en un escenario de crisis económica como el que viene”. Asimismo, añadió que esta decisión “rompe una regla defendida por los propios agentes sociales: la cuota a la Seguridad Social del 0,7 por ciento de las nóminas de los trabajadores por cuenta ajena de la que provienen los fondos constituye una partida finalista, y por tanto debe destinarse íntegra y exclusivamente a formación profesional para el empleo”.

Efectos

Actualmente, la actividad formativa comprometida con el ejercicio 2019 garantiza la actividad durante 2020. Sin embargo, desde enero de 2021 la cifra de cursos se reduciría notablemente hasta que el último celebrase, hacia mediados de 2021. Existen entidades de formación, como el Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena, en los que la actividad formativa concedida por el SEF en 2019 finalizaría en diciembre de 2020, aunque muchas ofrecerían el último de los cursos antes de esa fecha.

A raíz de esta cancelación, el SEF no podría financiar ninguna actividad formativa nueva cuya ejecución abarcase el periodo entre enero de 2021 y mediados de 2022. El impacto económico en el sector de la formación traerá consigo un incremento del desempleo, tanto entre los formadores (se estima en 1.500) como en personal administrativo, que afectará a más de 200 personas, así como el cese de la actividad de numerosos autónomos.

Motas subrayó que “numerosas entidades de formación se han puesto en contacto con la Consejería, que comparte su preocupación ante la incertidumbre generada por esta decisión. Estamos en contacto permanente con sus responsables para defender sus intereses, que son los de la Región y sus ciudadanos”.

A ello hay que sumar el impacto social y en el empleo, ya que esta medida impide que se capacite a desempleados y ocupados para desarrollar profesiones sujetas a normativas que exigen disponer de determinados certificados de profesionalidad, certificaciones o renovación de carnés. Por ejemplo, no se cubrirían las necesidades de trabajadores formados de las empresas que desarrollan su actividad en torno a Navantia, en Cartagena.

Otros ámbitos particularmente afectados serían la seguridad privada, la atención a personas dependientes, la instalación, la manipulación de alimentos, el socorrismo, la renovación y obtención del certificado de aptitud profesional que se requiere con carácter obligatorio a los conductores de transporte, entre otros.

La Consejería exige fondos para compromisos ya adquiridos

La Consejería está ultimando un informe que refleja la relación de compromisos económicos de la Comunidad derivados de la ejecución de programas de formación para el empleo en 2020, previos a la decisión aprobada por el Ministerio en la citada Conferencia Sectorial. Una vez finalizado, se remitirá al Ministerio para que éste autorice la distribución de nuevos fondos que permitan la asunción de los compromisos adquiridos.