La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha iniciado los trámites para la aprobación de un nuevo decreto que regule las funciones de inspección, vigilancia y seguridad de presas y balsas de las cuencas atlántica y mediterránea competencia de la Junta de Andalucía; todos los recursos y aprovechamientos hídricos que discurren íntegramente por el territorio de la comunidad autónoma, concretamente las demarcaciones del Tinto, Odiel y Piedras, del Guadalete y Barbate, así como de las cuencas mediterráneas andaluzas. El Consejo de Gobierno andaluz ha conocido estos trámites que concluirán en el referido Decreto.

La realización de esta nueva norma responde a la constatación de que hasta ahora la Administración autonómica no había priorizado el mantenimiento de las presas y embalses, así como la seguridad de estas infraestructuras, lo que se pone de manifiesto en aspectos tales como que de las 50 infraestructuras hidráulicas que deben cumplir la normativa básica de seguridad de presas y

balsas de titularidad autonómica ninguna contaba con documentos técnicos aprobados, como los documentos XYZT (donde de forma concisa se recogen las principales características de presas y embalses), normas de explotación o planes de emergencia. De otro lado, solo se habían aprobado dos planes con anterioridad a que la Junta de Andalucía asumiera las competencias en esta

materia (2005 y 2006) y únicamente nueve de ellas cuentan con planes de emergencias implantados.

Además de esto, había presas que ni siquiera tenían el plan de emergencia redactado, como por ejemplo las de Benínar, Fiñana y Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería. Respecto a las peticiones realizadas por terceros para la clasificación de balsas, existen expedientes acumulados anteriores a 2014, además de que están pendientes de identificación de oficio como balsas

hasta 39.000 infraestructuras.  

Frente a esta situación, en apenas 15 meses del nuevo Gobierno andaluz se han aprobado un total de 18 documentos de seguridad que incluyen seis planes de emergencia y otros tantos de implantación de los citados planes de emergencias, dos documentos XYZT, dos normas de explotación y dos revisiones de seguridad.

Claves del nuevo decreto

La nueva normativa tiene por objetivo regular en un único documento las obligaciones en materia de inspección, vigilancia y seguridad de presas y balsas en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía, ante la dispersión y antigüedad de la normativa básica estatal.  Por otra parte, se hace necesario dotar de una estructura en el ámbito de la Dirección General de Infraestructuras del Agua para poder llevar a cabo estas funciones, creándose para ello el Servicio de Inspección, Vigilancia y Seguridad de Presas y Balsas, dependiente de la Subdirección de Explotación del Agua, con sede en Málaga, lo que no tendrá coste adicional para la Administración pues se hará con una modificación de la actual relación de puestos de trabajo. El Decreto regulará las labores de auscultación de las presas, los documentos técnicos como revisiones de seguridad, planes de emergencia o las normas de explotación, entre otras cuestiones. Respecto a los titulares de balsas privadas, se dotará de un procedimiento telemático para solicitar clasificaciones de balsas, aprobación de planes de emergencia y demás requisitos, fomentando la

Administración electrónica y la agilidad en los trámites. 

Seguridad y optimización del recurso

La vigilancia e inspección de presas, además de incrementar la seguridad de la población frente un posible fallo de la infraestructura y de todos sus escenarios previos, permite optimizar la necesaria explotación del embalse, mejorando la eficiencia del mismo y permitiendo un ahorro de agua en estas situaciones. Se trata de infraestructuras básicas para la población, no ya solo para garantizar la disponibilidad del recurso para abastecimiento humano y riego, sino por cuestiones de seguridad frente a posibles avenidas. Por ello, resulta imprescindible su mantenimiento en óptimas condiciones para una gestión

eficiente y segura.

 

Se trata. en definitiva, de optimizar la seguridad hidráulica y favorecer que estas infraestructuras puedan cumplir plenamente los objetivos para los que fueron proyectadas y construidas. En Andalucía hay 50 infraestructuras de relevancia de titularidad de la Junta de Andalucía que abastecen, directa o indirectamente, a una población cercana a los cuatro millones de habitantes. Estas grandes presas de las demarcaciones de competencia de la Junta tienen en total una capacidad de almacenamiento de 3.961 hectómetros cúbicos y atienden unas demandas anuales totales del orden de 1.100 hm3, lo que pone de manifiesto su importancia en la gestión de los recursos hídricos. Las presas también aportan una función de laminación de avenidas al reducir considerablemente el riesgo de avenidas.