Crespo califica de ‘claramente insuficiente’ la rebaja fiscal del Gobierno para el sector agrario

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se ha mostrado hoy decepcionada por la rebaja fiscal del Gobierno central para el sector agrario, una reducción del IRPF que ha calificado de “claramente insuficiente” y que “recrudece la ya difícil situación que atraviesan miles de nuestros agricultores y ganaderos por la crisis sanitaria del coronavirus”.

Tras analizar la orden del Ministerio de Hacienda publicada en el BOE de hoy por la que se reducen los módulos de IRPF, Crespo ha reprochado al Gobierno de Sánchez su “falta de sensibilidad” ante la “asfixia” del sector agrario, que tiene que hacer frente ahora al pago de estos impuestos “tras haber sufrido una caída de ingresos que, en algunos casos, llega hasta del cien por cien”.

“El Gobierno tenía la oportunidad de actuar con justicia y solidaridad con los miles de agricultores y ganaderos que se levantan cada día para garantizarnos alimentos de calidad pese al riesgo que esto supone para sus familias, en cambio ha optado por mantener la presión fiscal”, ha asegurado la consejera, quien también ha recordado cómo el sector está participando “con extraordinaria generosidad” en las tareas de desinfección de sus pueblos. “No se lo merecen”, ha enfatizado.

En este sentido, la consejera andaluza ha lamentado que, finalmente, haya imperado en el Gobierno “los impuestos y no las personas”, ya que el sector agrario se está enfrentando al impacto del coronavirus “después de todo un año 2019 de pérdidas e incertidumbre por la crisis de los precios, la imposición de aranceles, los daños causados por temporales y la competencia desleal de los productos procedentes de terceros países que llegan a nuestros puertos”.

“Resulta incomprensible -ha añadido- que el Gobierno deje de atender la llamada de auxilio de sectores como el de frutas y hortalizas, afectados gravemente por la DANA del año pasado, o el del olivar, que sufre especialmente el impacto de la sequía”.

“No atendida”

La orden de reducción de módulos de IRPF publicada hoy en el BOE viene precedida por una reiterada reclamación de rebaja fiscal por parte de la Consejería de Agricultura y recogida en un exhaustivo informe remitido al Gobierno el pasado mes de febrero. Un documento donde se recoge los daños ocasionados en diferentes producciones agrícolas y ganaderas a lo largo de 2019 por adversidades meteorológicas, la crisis de precios, la imposición de aranceles o la disminución en un 8,6% de la renta agraria.

Así, mientras la Junta de Andalucía justificaba un descenso de los módulos de IRPF para la flor cortada y planta ornamental del 30%, el Ministerio ha decidido no atender la petición de la administración autonómica y mantener el mismo índice. Igual ocurre en el sector de las frutas y hortalizas, donde la Consejería solicitaba una rebaja del 50% y Hacienda ha decidido mantener el índice sin cambios en unos momentos donde necesita liquidez para seguir adelante. Tampoco se han atendido las reducciones planteadas en el algodón y en el almendro.

En otras actividades agrarias, las rebajas decretadas por el Gobierno central han sido mínimas y quedan muy lejos de las señaladas por la consejería. Es el caso del olivar y la aceituna de mesa, donde la Junta pedía una reducción del 100% y tan solo se ha concedido el 50%, pese a la complicada situación que atraviesa el sector oleíocola, que ha tenido que recurrir al almacenamiento privado para frenar la caída de precios. Lo mismo ocurre para la apicultura, del 100% solicitado por la administración andaluza, el Gobierno se ha quedado en el 50%.

También llama la atención que, frente a la rebaja del 40% de los módulos de IRPF para el sector ganadero propuesta por Andalucía, el Ministerio de Hacienda solo ha decretado reducciones mínimas, como sucede en la cabaña de bovino de leche, que pasa de 0,20 a 0,18.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha avanzado ya su intención de reclamar al Gobierno una corrección de esta orden, al objeto de “evitar más perjuicios a un sector estratégico para Andalucía, que lo está pasando mal a causa del coronavirus, y ayudar a miles de agricultores y ganaderos, inyectando liquidez para mantener la actividad y el empleo”.