El Real Decreto-Ley de empleo agrario es una buena medida de política laboral al servicio del sector agrario, según Planas

La norma busca garantizar el mantenimiento de la actividad agraria, asegurar la recolección de las cosechas, mejorar las condiciones sociolaborales de las personas en situación de desempleo y garantizar el abastecimiento sin subida de precios

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido hoy en el pleno del Congreso de los Diputados para defender la convalidación del Real Decreto-Ley 13/2020 por el que se establecen medidas urgentes en materia de empleo agrario, indispensable para contar con mano de obra suficiente para afrontar las próximas campañas agrícolas, positiva para los trabajadores sin empleo y para garantizar el abastecimiento alimentario y evitar así incrementos de precios.

Al inicio de su intervención, el ministro ha mostrado su apoyo a los familiares y amigos de las personas fallecidas a consecuencia del COVID-19, así como al trabajo de agricultores y ganaderos, “una labor que hemos redescubierto” en esta crisis, porque es un “sector necesario y esencial para la sociedad”.

Según ha puntualizado, este real decreto-ley es una buena medida de política laboral al servicio del sector agrario.

Ha añadido que trata de solucionar uno de los problemas debido a la limitación de movimientos por la COVID-19 como la urgente necesidad de contratación de mano de obra para recolectar las cosechas o para realizar los trabajos “absolutamente necesarios para el buen funcionamiento del sector agrario”.

El real decreto-ley soluciona la necesidad de empresarios agrarios “para que ninguna fruta se quede sin recoger”, además es “positivo para trabajadores sin empleo” y resulta “beneficioso para el conjunto de la sociedad”, porque se consigue un abastecimiento alimentario al evitar un descenso de la oferta.

Tras recordar que apenas lleva unos 10 días en vigor, el ministro ha expuesto que se trata de una “respuesta extraordinaria a una situación extraordinaria”, que busca contribuir al mantenimiento de la actividad agraria y al aprovisionamiento de los mercados, también exteriores, porque España “es la huerta de Europa”.

También pretende asegurar la renta de agricultores y ganaderos al garantizar la recolección de las campañas agrícolas que se suceden por el territorio español de finales de marzo a septiembre, así como mejorar las condiciones sociolaborales de las personas en situación de desempleo. Supondrá una oportunidad de empleo para unos 75.000 trabajadores.

Aunque su ámbito territorial es muy preciso, con la proximidad como elemento de referencia, “el concepto puede ser aplicado de forma flexible por las comunidades autónomas”.

Como beneficiarios, Planas ha enumerado a parados sin subsidio; a parados, “y esta es la gran novedad”, que perciben subsidios con la única exclusión de aquellos acogidos a ERTEs que tienen beneficios sociales debidos al coronavirus; así como a extranjeros residentes legales sin permiso de trabajo en vigor; y a jóvenes extranjeros en situación regular de 18 a 21 años.

La garantía de los derechos laborales es fundamental, ha enfatizado el ministro. La norma recoge la necesidad de contrato escrito y el pago de un salario según convenio o, como mínimo, ajustado al Salario Mínimo Profesional, y se incluye de forma explícita el cobro por transferencia bancaria en aras a la transparencia.

Ha asegurado que este real decreto-ley dará tranquilidad al sector para atender la necesidad de mano de obra en el campo y ha destacado que el Gobierno está “dispuesto a buscar las fórmulas necesarias” para ajustar la norma, así como una posible prórroga para atender las necesidades del sector agrarios.