La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía  quiere manifestar su perplejidad y disgusto ante la campaña de inspección extraordinaria que va a poner en marcha este mes el Ministerio de Trabajo y Economía Social para tratar de detectar casos de “esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas de Andalucía.

Sobre este asunto, Eduardo López, secretario de organización de COAG Andalucía, afirma que “nos parece inaudito e insólito” que se hable de esclavitud en el campo andaluz y que el Ministerio de Trabajo y Economía Social inicie una campaña de inspección en las explotaciones agrícolas.

López es contundente al criticar esta medida del Gobierno que, a su entender, “no tiene ni pies ni cabeza”. En este sentido, señala que “España está en Europa, esto no es África ni ningún país con dictadura donde la gente esté en plan esclavo. ¿Es que estamos locos?”.

Asimismo, explica que desde COAG no se cuestiona ni el cumplimiento de la legislación laboral ni el funcionamiento de los cuerpos de inspección, “pero no podemos entender cómo desde el propio Gobierno se pueda trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador cuando los casos, si existen como tal, son muy aislados, existiendo además vías administrativas y jurídicas para erradicarlos, por lo que no se justifica un plan extraordinario”.

Eduardo López traslada el malestar generado en la organización y en el colectivo de profesionales del campo por esta iniciativa del Gobierno, ya que “estamos hartos de que, cuando llegan estas fechas y en otros países competidores empiezan a sacar sus producciones, nos hagan la guerra con este tipo de afirmaciones. La institución no puede entrar en ese juego, porque da pie a que haya medios de comunicación pagados por cadenas, industrias y otros ‘lobbys’ agrarios europeos, para que nos desplacen en los lineales con campañas inventadas”.

Asimismo, desde COAG Andalucía queremos destacar que esta organización ha luchado siempre por unas condiciones laborales dignas en las negociaciones de los convenios provinciales del campo, de los planes de riesgos laborales, en el desarrollo de una  vigilancia de la salud para los trabajadores, así como en fórmulas como los contratos en origen (incluido alojamiento) y los itinerarios de campaña, para dar las máximas garantías y cumplimiento de los derechos laborales a nivel nacional e internacional.

“El Ministerio de Trabajo y el Cuerpo de Inspectores deben cumplir con su obligación –añade Eduardo López-, pero no entendemos cómo se puede hacer una campaña extraordinaria de estas características sólo y exclusivamente en el sector agrario”.

Por último ha advertido que “lo que no puede el Gobierno es confundir asentamientos de inmigrantes irregulares con la cuestión laboral agraria. Se trata de un problema que tiene el Gobierno y la Junta de Andalucía, que deben resolver ellos, y no endosárnoslo a los agricultores. Que se arremanguen y lo resuelvan”.