En un contexto de ataques continuados al campo por parte de lobbys de la competencia, con la colaboración incluso de medios de comunicación estatales como la BBC británica, lejos de ponerse de lado del agricultor, la ministra de Trabajo ha decidido darle credibilidad a lo que se denuncia y enviar inspectores al campo. Habría que ver qué opina de esta actuación el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, encabezado por Luis Planas.

Las reacciones de otras instituciones, partidos políticos u organizaciones agrarias no se han hecho esperar.

Consejera de Agricultura

Una de las primeras fue de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo (PP). La política abderitana lamentó que el Gobierno de España “prejuzgue” al campo andaluz y esté transmitiendo “una imagen desacertada de nuestra agricultura”, un sector que se ha convertido en “colchón de la crisis” desde la declaración del estado de alarma y que “está demostrando día tras día un enorme grado de responsabilidad, abasteciendo los mercados nacionales e internacionales con productos saludables, sostenibles y de calidad”.

La titular del ramo responde así a una instrucción de la ministra de Trabajo y Economía Social que habría ordenado a las jefaturas provinciales llevar a cabo una campaña específica en el campo para detectar posibles casos de «explotación laboral» e incluso de «esclavitud» por parte de empresarios agrícolas.

Crespo ha mostrado su indignación por el hecho de que el Gobierno central se haga eco de informaciones no objetivas y que pueden convertir una actuación irregular puntual, que se puede dar en cualquier sector económico, en una generalidad. Por ello, la consejera ha solicitado una rectificación inmediata del Ministerio de Trabajo por lo que ha calificado como un “ataque gratuito” y ha pedido la necesaria intervención de Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en defensa del campo andaluz, un sector del que es perfecto conocedor.

“Si hay casos puntuales, que actúen. Lejos de actitudes persecutorias, el Gobierno debería apoyar a un sector que durante la pandemia ha apoyado el abastecimiento de las personas de medio mundo, cultivando con sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental y social, pues dan empleo de calidad a muchas personas”.

Cabe recordar que el sector agroalimentario andaluz supone el 11% del PIB y el 10% del empleo de la comunidad autónoma. Crespo ha incidido en la necesidad de “reforzar la imagen de una agricultura innovadora, sostenible y responsable como la andaluza” y recuerda que hacerse eco de mensajes dañinos y malintencionados “puede lastrar las exportaciones de nuestras producciones”.

COAG

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía, por su parte,  quiere manifestar su perplejidad y disgusto ante la campaña de inspección extraordinaria que va a poner en marcha este mes el Ministerio de Trabajo y Economía Social para tratar de detectar casos de “esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas de Andalucía.

Sobre este asunto, Eduardo López, secretario de organización de COAG Andalucía, afirma que “nos parece inaudito e insólito” que se hable de esclavitud en el campo andaluz y que el Ministerio de Trabajo y Economía Social inicie una campaña de inspección en las explotaciones agrícolas.

López es contundente al criticar esta medida del Gobierno que, a su entender, “no tiene ni pies ni cabeza”. En este sentido, señala que “España está en Europa, esto no es África ni ningún país con dictadura donde la gente esté en plan esclavo. ¿Es que estamos locos?”.

Asimismo, explica que desde COAG no se cuestiona ni el cumplimiento de la legislación laboral ni el funcionamiento de los cuerpos de inspección, “pero no podemos entender cómo desde el propio Gobierno se pueda trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador cuando los casos, si existen como tal, son muy aislados, existiendo además vías administrativas y jurídicas para erradicarlos, por lo que no se justifica un plan extraordinario”.

Eduardo López traslada el malestar generado en la organización y en el colectivo de profesionales del campo por esta iniciativa del Gobierno, ya que “estamos hartos de que, cuando llegan estas fechas y en otros países competidores empiezan a sacar sus producciones, nos hagan la guerra con este tipo de afirmaciones. La institución no puede entrar en ese juego, porque da pie a que haya medios de comunicación pagados por cadenas, industrias y otros ‘lobbys’ agrarios europeos, para que nos desplacen en los lineales con campañas inventadas”.

Asimismo, desde COAG Andalucía queremos destacar que esta organización ha luchado siempre por unas condiciones laborales dignas en las negociaciones de los convenios provinciales del campo, de los planes de riesgos laborales, en el desarrollo de una  vigilancia de la salud para los trabajadores, así como en fórmulas como los contratos en origen (incluido alojamiento) y los itinerarios de campaña, para dar las máximas garantías y cumplimiento de los derechos laborales a nivel nacional e internacional.

“El Ministerio de Trabajo y el Cuerpo de Inspectores deben cumplir con su obligación –añade Eduardo López-, pero no entendemos cómo se puede hacer una campaña extraordinaria de estas características sólo y exclusivamente en el sector agrario”. 

Por último ha advertido que “lo que no puede el Gobierno es confundir asentamientos de inmigrantes irregulares con la cuestión laboral agraria. Se trata de un problema que tiene el Gobierno y la Junta de Andalucía, que deben resolver ellos, y no endosárnoslo a los agricultores. Que se arremanguen y lo resuelvan”.

Parlamentario andaluz del PP por Almería Ramón Herrera

“Es inadmisible que el Gobierno de España prejuzgue a nuestros agricultores cuando siempre han sido ejemplares y más ahora, en plena pandemia, estando al pie del cañón cada día para abastecer a los mercados españoles y europeos con las mejores frutas y hortalizas. Exigimos una rectificación inmediata”. Así de contundente se ha mostrado el parlamentario andaluz Ramón Herrera después de que la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, haya ordenado a las jefaturas provinciales llevar a cabo una campaña específica en el campo para detectar posibles casos de “explotación laboral” e incluso de “esclavitud” por parte de empresarios agrícolas. 

Ramón Herrera lamenta la actitud de la Ministra de Trabajo, a la que invita a conocer nuestra agricultura, y comprobar con sus propios ojos que nuestros agricultores son “un ejemplo de responsabilidad”. 

“Yolanda Díaz no conoce la realidad del campo almeriense y con iniciativas como la que ha adoptado está manchando el trabajo de miles de agricultores. Desde el PP exigimos también al Ministro de Agricultura, Luis Planas, que actúe y defienda nuestra agricultura porque Almería y Andalucía siempre han sido ejemplo en materia agrícola y no se puede echar por tierra el trabajo honesto de miles de agricultores con medidas como la adoptada por el Ministerio de Trabajo”, ha afirmado. 

Ramón Herrera espera que cuanto antes se retire la instrucción dictada por Yolanda Díaz en la que se da por hecho que en el campo español existe esclavitud, y pide al Gobierno una campaña de apoyo y respaldo a la agricultura de nuestro país.

“Ahora más que nunca la agricultura necesita el apoyo de todas las administraciones, pero mientras el Gobierno de Juanma Moreno respalda a este sector y pone en marcha campañas para animar a los consumidores a comprar nuestros productos caracterizados por su máxima calidad, el Gobierno de España una vez más actúa en perjuicio del campo basándose en informaciones que no son objetivas y que causan un gran daño a nuestras exportaciones”, concluye.

ASAJA no ha dudado en pedir directamente la inhabilitación de una ministra que, en plena crisis del COVID-19, va en contra del campo dando por veraces acusaciones de esclavitud.

Rafa Villegas