La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha pedido al Gobierno central que defienda los intereses del sector del aceite de oliva español reclamando para octubre la aplicación del nuevo  artículo 167 bis del Reglamento (UE) 1308/2013 de la OCM. De esta forma, estaría a disposición de los profesionales del olivar desde el inicio de la campaña.

Durante su intervención en la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria, Crespo ha comentado a los representantes de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias que “es muy importante que podamos disponer de esta medida que hemos demandado todos desde Andalucía y que es una magnífica herramienta para el sector. Tenemos que dar un paso más y tenerlo a disposición con el inicio de la campaña, de manera que se permita regular la oferta como ocurre en el sector vitivinícola”. 

Estas declaraciones de Crespo hacen referencia al Reglamento que servirá de transición hasta la entrada en vigor de la nueva Política Agrícola Común (PAC) tras el acuerdo político provisional y parcial para 2021 y 2022 alcanzado recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo. Entre otras cuestiones, este acuerdo implica el mantenimiento de las condiciones actuales de las ayudas de esta política europea hasta la entrada en vigor de los Planes Estratégicos de la nueva PAC. Además, incluye la aplicación del nuevo artículo 167 bis para el sector del aceite de oliva que, como se viene demandando desde Andalucía, servirá para mejorar la gestión de la oferta por parte del propio sector, afectado en los últimos meses por los bajos precios del mercado. De ahí la importancia de aplicarlo en esta campaña. 

La consejera, además, ha recalcado que a esta medida habría que añadir una modificación de Ley de la Cadena Alimentaria, “con la que coincidimos en el objetivo de asegurar al agricultor unos ingresos justos, pero que sea realista y aplicable, ya que tal y como está planteada su aplicación resulta difícil”. 

Según la consejera, resulta necesario y fundamental disponer de una normativa nacional ambiciosa, fuerte y eficaz. “Hasta la fecha, las medidas adoptadas por el Ministerio al respecto resultan claramente insuficientes, de ahí que

el problema no solo persista, sino que incluso se haya acrecentado en los últimos años. La fijación de los precios en los distintos eslabones de la cadena a partir de los costes de producción parece la clave para lograr el tan ansiado y necesario equilibrio”. Por esta vía están avanzando otros países de la UE, como Francia, y “esperamos que España no se quede atrás”.

Crespo ha añadido que es muy importante disponer de información y capacidad para determinar si la cadena no genera el suficiente valor para satisfacer a todos sus eslabones o, en su defecto, si el valor generado no se reparte equitativamente entre estos eslabones. “Hay numerosos ejemplos de que determinadas medidas son de difícil aplicación. Todos queremos que el agricultor perciba un precio justo por su producto y su trabajo, pero deben explicarse algunos aspectos y aclarar su aplicación en todas las situaciones que se dan en el mercado”, ha concluido.