El endurecimiento de la legislación que regula la cadena alimentaria tiene que ir de la mano de la presentación de denuncias en aquellos casos en los que se aprecien ilegalidades. Con esa intención, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha presentado recientemente dos denuncias contra empresas del sector hortofrutícola, que han sido admitidas a trámite por la AICA.

La Agencia de Información y Control Alimentarios ha confirmado la apertura de hasta ocho expedientes sancionadores contra sendas sociedades anónimas, sociedades limitadas e incluso contra una sociedad cooperativa. Dichas empresas habrían comprado y vendido fruta sin contratos, o con contratos sin los elementos mínimos requeridos, como el precio o los plazos de pago.

UPA ha confiado en que los expedientes se traduzcan en “sanciones firmes” cuando se demuestre que efectivamente estas empresas han incumplido la Ley de la cadena alimentaria, que fue modificada mediante real decreto en el mes de febrero, tras las movilizaciones de los agricultores al límite, y que va a recibir nuevas actualizaciones con la trasposición de la directiva de la UE de prácticas comerciales desleales.

“Las reglas del juego han cambiado”, han recordado desde UPA. “Ahora tenemos una normativa que sienta las bases para que el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, aporta seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos y apuesta por que los productores de alimentos reciban unos precios justos por sus productos”, han señalado.

UPA ha denunciado también la presencia en los lineales de ciertos supermercados fruta de muy bajo calibre, por debajo de los 35 milímetros, que a los agricultores ni siquiera se les paga al considerarla “destrío”. Esto perjudica a toda la cadena, pues tira de los precios en origen hacia abajo, afectando a todas las categorías, mientras que los consumidores siguen pagando un precio alto por la fruta.