La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha informado al Consejo de Gobierno de la finalización del penúltimo paso del Pacto Andaluz por el Agua. En esta tercera fase se han recabado todas las propuestas originales formuladas por los órganos colegiados de participación (comités de gestión), así como de los diferentes agentes sociales, como consumidores, regantes, grupos ecologistas, sindicatos o asociaciones empresariales. En total, 886 iniciativas procedentes de más de 30 entidades diferentes, a las que se suman un centenar de propuestas de síntesis, diez por cada uno de los diez ejes del pacto.

Fruto del debate y de la consulta a los miembros de los órganos colegiados de participación y agentes sociales, las propuestas del Pacto Andaluz por el Agua que han recibido más apoyos inciden en la consecución de objetivos medioambientales y en la simplificación de normativas, así como en la necesidad de reforzar la transparencia, contribuir a mitigar el cambio climático, fortalecer la resiliencia frente a sequías o reducir el riesgo de inundaciones. Para ello, se apuntan iniciativas como impulsar el uso de energías renovables, fomentar nuevos modelos de financiación de las infraestructuras, la implantación de planes de emergencia de presas o la recuperación ambiental de los acuíferos, desde la perspectiva de que las aguas subterráneas son un recurso estratégico para Andalucía.

Las diez medidas prioritarias con más apoyos

Precisamente, mejorar la gestión de los acuíferos llevando a cabo un seguimiento continuado con personal y medios adecuados es la medida prioritaria del Pacto Andaluz por el Agua que ha recabado más apoyos de las entidades que han participado en el proceso de consulta. Le sigue la realización de inversiones económicas necesarias para alcanzar el cien por cien de depuración de aguas residuales urbanas y, en tercera posición, el fomento de la reutilización de aguas regeneradas y de la desalación como recurso estratégico. La cuarta medida más apoyada apunta a que la priorización de las inversiones debe estar dirigida a la consecución de los objetivos ambientales y a dar respuesta a demandas que han sido satisfechas de forma insuficiente o que aún están pendientes.

Promover la gestión colectiva, coordinada y racional de los recursos hídricos ocupa el quinto puesto. A fin de avanzar en la transparencia, la medida número seis con más respaldo aboga por la creación de una herramienta que informe, en tiempo real, de los recursos hídricos disponibles y del consumo, tanto en parámetros de cantidad como de calidad. La séptima medida con más votos señala al establecimiento de medidas concretas para frenar y corregir la contaminación difusa derivada del uso de abonos y pesticidas, al tiempo que se considera la agricultura como un elemento clave para el mantenimiento del medio natural.

En octavo lugar se encuentra el desarrollo normativo de prioridades como el mínimo vital, el reglamento del ciclo urbano del agua o la reducción de trabas administrativas. A este respecto, se apuesta por la unificación de criterios en la aplicación de las disposiciones legales referidas al agua y al medio ambiente, así como a la regulación en la concesión de aguas residuales y el uso de fuentes mixtas de suministro.

La puesta en marcha de un banco público del agua y de centros de intercambio de derechos ocupa el noveno lugar de las medidas prioritarias con mayor respaldo, un ‘top ten’ que cierra la propuesta de fomentar la recuperación de todos los costes y la introducción de incentivos económicos que promuevan un uso sostenible de un recurso finito como es el agua.