Junto a algunos agricultores, el acto ha contado con la presencia de representantes de organizaciones del sector que han instado a Gobierno de España y Junta de Andalucía a tomar cartas en el asunto y defender al agricultor ante un problema cíclico que se repite cada campaña.

La primera en intervenir ante los medios de comunicación presentes ha sido Francisca Iglesias, secretaria general de UPA, quien ha insistido que “hay que pedirle a la Junta de Andalucía que haya una declaración de cultivo obligatoria, lo que facilitaría más transparencia al sector”. Así, indicó que “tiene que haber transparencia en todo el sector y para pedirla hay que ofrecerla”.

No en vano, Iglesias recordó que “ahora sabemos los kilos que vendemos, pero no los que producimos” y de ahí la necesidad de mayor control de la entrada de producto de países terceros.

Además, la secretaria de UPA también echó de menos un sistema de retirada independiente de los fondos operativos, “que permitiese retirar por encima de los precios que tenemos ahora mismo, que son ridículos”.

Andrés Góngora, secretario provincial COAG Almería, ha recordado que “la crisis del tomate que padece la provincia y el conjunto de la UE tiene como consecuencia la sobreproducción de otros productos, como este año vemos en pepino y calabacín, y también algo en pimiento”.

Además, el tomate y la berenjena a pesar de haber perdido superficie, también se encuentra en una situación de desastre de precios. “A poco que la situación climatológica se mantenga, el ritmo de producción aumenta y unido a los productos de competencia desleal, hace que los precios se hundan por lo que los supermercados hace su agosto y se llevan el precio a cero. Hablamos de precios de risa de 10 a 20 céntimos de liquidación al agricultor y así no hay manera de que el agricultor pueda planificarse económicamente”, lamentó Góngora.

De esta forma, el responsable de COAG le ha exigido al Gobierno de España “que es nuestro interlocutor con el Gobierno de Bruselas, que pida que los acuerdos se respeten porque no se están respetando ni en volumen, ni en toneladas, ni en control fitosanitario”. A la Junta de Andalucía le recordó que, hace un año, “nos dijo que se iba a controlar el etiquetado de los productos que llegan de Marruecos y que se manipulan muy cerca de nuestras explotaciones, a través de empresas que no forman parte del sector sino que son traidores al sector. Sin embargo, un año después no sabemos nada de esos expedientes, de esas empresas y del tipo de sanciones que se van a poner”.

Por su parte, Antonio Navarro, presidente de ASAJA Almería, insistió en esta misma llamada de ayuda a las administraciones. “Gobierno y Junta deben mirar hacia esta provincia y cuidar al agricultor. Nosotros como productores cumplimos, como lo hicimos en marzo y abril en plena pandemia, trabajamos con nuestros problemas y estuvimos al frente como lo estamos ahora, pero no encontramos apoyo”, manifestó ante los medios Navarro.

En este sentido, insistió en que “tenemos unos acuerdos firmados, y nos sometemos a todo lo que nos pide Europa, pero a los demás países no se les exige igual. Las administraciones deben estar con el agricultor almeriense”.

Alfonso Zamora, gerente de Ecohal, opinó que esta crisis de precios es un problema que “no afecta solo a la rentabilidad del agricultor sino también a la de las empresas. Son muchos kilos los que se están haciendo a pérdidas. Según hemos estimado, en cada kilo que se está vendiendo se pierden entre once y doce céntimos”. Al respecto, reconoció que “es una situación muy complicada que intentaremos revertir y facilitar, desde las organizaciones convocantes, que se pueda hacer esa retirada de producto de la forma más cívica y legal posible”.

Finalmente, Juan Antonio González, presidente de Coexphal, ha urgido a que las administraciones se impliquen. “El año pasado, por estas fechas, ya hubo una gran manifestación donde se reivindicaban muchos puntos de los que no se ha cumplido ninguno. Las administraciones deben tomar conciencia de lo que está pasando el agricultor. Es una pena que haya gente pasando necesidades económicas y nosotros tengamos que tirar producto porque no nos lo pagan”, finalizó.

En cualquier caso, los organizadores recordaron que la retirada de este producto agrícola (que continuará en los próximos días) se hace después de cubrir las necesidades de los bancos de alimentos y asociaciones solidarias de la zona.

Almudena Fernández