Crespo ha comunicado a los alcaldes los últimos avances en las negociaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica. “Damos un paso más en nuestra política de agua y realizamos otro esfuerzo para llegar a un acuerdo con el Gobierno de España e impulsar hasta siete obras de Interés General del Estado, entre las que figuran las ampliaciones de las tres estaciones de depuración de aguas de estos municipios”, ha expuesto la consejera.

Pese a tratarse de obras de competencia del Estado, la Junta de Andalucía se compromete a colaborar en la financiación necesaria para la ampliación de la EDAR de Roquetas de Mar, cifrada en 40 millones de euros; la de El Ejido, con una inversión de 27 millones de euros; y la de Adra, por un importe total de 8,5 millones de euros, aproximadamente. Por tanto, “el Ejecutivo andaluz suma 38 millones para obras hidráulicas en la provincia de Almería a los 92 millones ya establecidos en el plan ‘Andalucía en Marcha’”, ha recordado Crespo.

“Próximamente, se conveniarán estas obras que se consideran imprescindibles para continuar con el Plan de Aguas Regeneradas que tiene en marcha la Consejería. Son depuradoras que cuentan ya con sistemas de tratamiento terciario, pero necesitan reformas urgentes e inmediatas en su depuración para conseguir aguas regeneradas de calidad para ser usadas por los agricultores”, ha subrayado la consejera, quien ha recordado que “con esta medida también estamos ayudando a recuperar el acuífero del Poniente”. Se estima que la comarca se podría beneficiar de hasta 12 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para riego.

“El desbloqueo de estas obras permitirá dar respuestas al crecimiento de la población en estos territorios”, ha agregado Crespo. Las conversaciones con el Gobierno se vienen sucediendo desde el año pasado y las negociaciones se han cerrado recientemente e implican otras cuatro infraestructuras de depuración en el resto de la comunidad: Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz; Burguillos y Guillena, en Sevilla; y Matalascañas, en Huelva. De hecho, el Secretario de Estado Hugo Morán ya avanzó hace unos días al municipio gaditano este principio de acuerdo.

El coste total de las siete infraestructuras asciende a 160 millones de euros, asumiendo, por tanto, la Junta de Andalucía la financiación de 80 millones.

El uso de las aguas regeneradas es uno de los retos introducidos en el Anteproyecto de Ley de Economía Circular que desde hoy se encuentra en información pública, tras pasar por el Consejo de Gobierno andaluz. “Ahí está el futuro del agua de Andalucía porque supone una fuente hídrica adicional para la región y contará con un apartado específico en la Ley de Economía Circular. En los presupuestos de 2021, las aguas regeneradas son ya consideradas un recurso hídrico adicional y así se aborda desde un punto de vista inversor”, ha señalado Crespo.