El carácter esencial del sector agroalimentario ha exigido al Ministerio un intenso esfuerzo para responder, desde el primer momento, a las necesidades surgidas de la crisis sanitaria y para garantizar unas buenas condiciones de trabajo en la actividad agraria y pesquera. En este sentido, la confianza y seguridad que ha tenido la población, en especial durante las semanas de confinamiento, sobre el suministro de alimentos y bebidas es una de las buenas noticias que se pueden obtener en el balance del 2020.

Además de las líneas trasversales del Gobierno, como los avales ICO o las prestaciones extraordinarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha actuaciones para asegurar el buen funcionamiento del sector agroalimentario. Han sido medidas relacionadas con la movilidad y transporte de trabajadores, mercancías y animales; la mano de obra temporera; o la gestión ante la comisión Europea para que flexibilizara los requisitos de las ayudas o generara iniciativas dirigidas a los sectores más afectados.

La prueba de esfuerzo que ha exigido la crisis sanitaria no ha supuesto un impedimento para que el MAPA haya logrado cerrar, satisfactoriamente, hitos cuya importancia para el sector agroalimentario va abarcar la próxima década. En este sentido, el logro de 47.274 millones de euros de la PAC para la actividad agrícola y ganadera en el periodo 2021-2027 supone un objetivo cumplido y muy demandado por el sector, que no quería ver rebajados los fondos del periodo anterior. La suma de esta cantidad, junto a las aportaciones del Estado, las comunidades autónomas y los planes de recuperación, se acercará a los 53.000 millones de euros.

Asimismo, se han celebrado dos debates políticos en torno a la PAC, en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural,que permitirán orientar la estrategia agraria nacional hacia las necesidades de agricultores y ganaderos, ya que, finalmente, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) recogió todas las prioridades de España. En el primer semestre de 2021, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentará, tras dos años de trabajo participativo, su primer borrador del Plan Estratégico nacional para la aplicación de la PAC, un instrumento que permitirá al sector agroalimentario español alcanzar los objetivos de sostenibilidad económica, social y medioambiental que se plantean en las estrategias del Pacto Verde europeo.

Por otra parte, el MAPA ha abordado reformas legislativas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con el fin de corregir los desequilibrios de la cadena de valor y proteger al eslabón más débil de las negociaciones comerciales, que son los agricultores y ganaderos. La reforma ha llevado a cabo en dos fases. En la primera, el Gobierno aprobó, el pasado 25 de febrero, a petición de las organizaciones profesionales agrarias, un real decreto-ley que, por primera vez, introduce que los costes de producción en la agricultura y ganadería deben ser inferiores al precio de venta de los productos. Y la segunda fase, que culminará en este primer semestre, consiste en la trasposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales.

Otro de los grandes objetivos del MAPA que se han cumplido en 2020 es la puesta en marcha de un decálogo de medidas para el olivar, un sector sumido en un desajuste estructural entre la oferta y la demanda, que ha llevado a una crisis de precios y a la pérdida de rentabilidad. Se trata de un compendio ambicioso de iniciativas, estructuradas en torno a la regulación de la oferta, la calidad y la promoción, que asegurenla recuperación de los precios y, a medio plazo, la viabilidad y el futuro y el liderazgo mundial del aceite de oliva español.

PAQUETE LEGISLATIVO PESQUERO

Una vez alcanzado también un acuerdo europeo de pesca para 2021 y resueltas las incertidumbres que generaba, dentro del sector pesquero, el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, el MAPA va a abordar una importante reforma legislativa para adaptarla a la normativa comunitaria. Además de mayor seguridad jurídica, más transparencia y agilidad en la gestión pesquera en su conjunto, la nueva normativa facilitará el logro de los objetivos y principios de sostenibilidad, de trazabilidad y de control.

Serán tres grandes proyectos legislativos que regularán la pesca sostenible y la investigación pesquera para la protección, conservación y regeneración de los recursos pesqueros y hábitats marinos; la modernización del control, la inspección y el régimen sancionador en la actividad pesquera con el fin de disponer de un sistema eficaz en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y la digitalización, ordenación y comercialización del sector para la organización, vertebración y comercialización pesquera y acuícola.