El Reglamento de transición de la PAC que el Ministerio de Agricultura pretende llevar al Consejo de Ministros el próximo martes carece de legitimidad, no cuenta con el consenso de los agricultores y las organizaciones agrarias, se salta los tiempos y no respeta las directrices planteadas por la Comisión Europea para este periodo de transición.

La Junta de Andalucía y el sector agrario andaluz han remitido esta mañana un escrito al Ministerio de Agricultura (MAPA) en el que muestran su rechazo unánime al texto definitivo del real decreto de transición de la PAC remitido ayer a las comunidades autónomas, minutos antes de la celebración del Consejo Consultivo de Política Agraria, y que podría llevarse al Consejo de Ministros del próximo martes 26 de enero para su aprobación.

De esta forma, la Mesa de Interlocución Agraria Andaluza, formada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ha trasladado al Ministerio su desaprobación al proyecto de real decreto por el que se regularán las ayudas de la PAC para las compañas de 2021 y 2022, ya que plantea “una aceleración brusca de la convergencia, que tendrá graves consecuencias sobre las rentas de una importante cantidad de agricultores y ganaderos andaluces”.

Tal como explica el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, uno de los firmantes de esta declaración de rechazo, en el escrito se acusa al Ministerio de Agricultura de romper el clima de diálogo y consenso y “se rechaza de manera contundente la decisión unilateral adoptada por el MAPA para adelantar la reforma de la PAC y promover una reforma de la reforma que ahora no toca -un periodo de transición de dos años-, y que carece del beneplácito de los afectados, los agricultores y ganaderos, y de las propias comunidades autónomas que negocian con el Ministerio de Agricultura la futura reforma.

El presidente de ASAJA-Andalucía se pregunta: ”¿Dónde queda el diálogo del que tanto presume el Gobierno de Sánchez? ¿Dónde queda la cogobernanza con las comunidades autónomas en cuestiones agrarias, que ha sido seña de identidad del MAPA desde la llegada de la democracia?”

El sector agrario andaluz exige al Ministerio de Agricultura que no adelante los tiempos, que cumpla con las directrices de Bruselas y que modifique el último borrador del real decreto para garantizar que, en este periodo transitorio de dos años se siga aplicando el modelo de convergencia aún vigente, hasta que se llegue a un acuerdo con las comunidades autónomas. En definitiva, piden que se actúe tal y como se hizo en 2015, cuando se consensuó un sistema de convergencia parcial y progresivo para permitir una adaptación paulatina de las explotaciones.

En este sentido, las organizaciones y cooperativas agrarias y la Consejería de Agricultura recuerdan que en septiembre del año pasado manifestaron su disconformidad a este “drástico cambio en el modelo de convergencia”, que ya se recogía en el primer borrador del real decreto, al tiempo que desde Andalucía se plantearon modelos alternativos que evitasen perjuicios a los agricultores y ganaderos de la comunidad. En cambio, el texto final enviado a las comunidades mantiene “inalterado” la convergencia “acelerada y profunda” de los derechos de pago básico.

A este respecto, la Mesa de Interlocución pone el acento en que el Ministerio plantea una convergencia del 25%, lo que supone multiplicar por cuatro la convergencia del marco anterior, que fue del 6%. “La velocidad de convergencia se incrementa por un factor superior a cuatro y se eliminan las restricciones frente a pérdidas”, subraya el documento, que hace hincapié en que habrá muchas explotaciones “que verían sus niveles de renta muy comprometidos”.

Junta y sector agrario consideran, además, que este cambio brusco en el modelo de convergencia para un periodo que “debe ser de simple transición”, altera el punto de partida sobre el que se aplicará la nueva PAC, al condicionar los debates sobre el plan estratégico nacional.

En esta línea, la consejería, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía insisten en que las recomendaciones y el reglamento transitorio de la propia Unión Europea indican simplemente que se siga avanzando en la convergencia e, incluso, permite a los estados miembros mantener los derechos en su valor de 2020.