El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que regula la aplicación de la PAC en España para el periodo transitorio 2021 y 2022 y que debería ser puente de transición entre el actual modelo de aplicación y la nueva PAC diseñada por Bruselas que entrará en vigor en 2023. ASAJA lamenta que esta normativa, de gran trascendencia para el sector ya que afecta a más de 700.000 productores, se haya elaborado desoyendo las demandas que hemos planteado y para la que básicamente se reclamaba una transición más moderada y real hacía en nuevo modelo, con el fin de evitar más problemas económicos a las ya maltrechas economías de nuestros agricultores y ganaderos.

En opinión de ASAJA, para que las reformas resulten eficaces y de verdad contribuyan a lograr los objetivos previstos, deben ser planificadas de forma que los principales actores conozcan de antemano los cambios que se vayan a producir, y tengan tiempo suficiente para prepararse e introducir los cambios que sean necesarios, evitando tensiones. La premura en la aprobación de este Real Decreto ha impedido que a los agricultores pudieran conocer la normativa con antelación para así, planificar sus siembras y organizar sus producciones y de esta forma poder evitar sufrir recortes en las ayudas desde esta misma campaña.

Sin haber tenido acceso de forma oficial al contenido del Real Decreto aprobado hoy y que entrará en vigor próximo 1 de febrero (fecha en que se abre la campaña de solicitud de ayudas PAC 2021), todo apunta a que el texto aprobado no ha tenido en cuenta ni las demandas planteadas por ASAJA, ni las del resto del sector agrario, como tampoco las observaciones de distintas comunidades autónomas, reclamando una transición real y moderada durante estos dos años antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023.

El ministerio de Agricultura ha decidido ignorar estas lógicas reclamaciones y quiere comenzar desde esta misma campaña su reforma de la PAC 2023-2027, imponiendo un modelo de convergencia interna que se aleja del que actualmente se está aplicando para aproximar el valor de los derechos individuales de pago a las medias regionales de los mismos y que supone un incremento sostenido de los derechos inferiores a la media, compensado con rebajas en el valor de los derechos superiores a la media regional.

De hecho, más que dar continuidad, como es el objetivo del Reglamento Base Comunitario, el Real Decreto aprobado por el Gobierno plantea un salto hacia el nuevo modelo de PAC del que todavía desconocemos cómo se ejecutará en España, ya que aspectos esenciales del Plan Estratégico Nacional están todavía por definir (número de regiones productivas, futuro de los derechos de pago individuales, limitación de hectáreas que pueden acogerse al pago de la PAC, o los propios ecoesquemas).

En lo que respecta a sectores productivos concretos, la normativa aprobada también incluye limitaciones a la hora de acceder a determinadas ayudas específicas. En este sentido, ASAJA también ha presentado alegaciones que tienen que ver con las normas asociadas a las ayudas que reciben los productores las leguminosas; con las normas de condicionalidad que prohíben pagos a los productores que realizan cosecha mecánica nocturna y con las normas de aprovechamiento de los pastos.