De esta cantidad, 34,8 millones de euros corresponden a medidas para la prevención y gestión de crisis de mercado, lo que supone más del 11 % del total y un incremento del 5,4 % sobre 2020 y de un 45 % con respecto a la media.

Las beneficiarias serán 468 organizaciones de productores repartidas en 15 comunidades autónomas entre las que destacan, en términos de valor de producción comercializada y en consecuencia de ayuda solicitada, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Navarra y Extremadura.

España, de acuerdo con el último dato disponible, es el primer Estado miembro por ejecución de los programas operativos, con más del 25 % del total de la Unión Europea y seguido por Italia. Hay que destacar que en España esta ayuda ha seguido una evolución al alza desde su creación en 1997.

La comunicaciónenviada a la Comisión responde a la previsión que se realiza a principio de cada anualidad en función de los programas operativos aprobados por las comunidades autónomas. La ayuda final suele situarse aproximadamente entre el 80 % y el 85 % de la cifra estimada.

Régimen de ayudas en el sector de frutas y hortalizas

En virtud de este régimen, las organizaciones de productores que constituyan un fondo operativo tienen la posibilidad de acceder a ayudas para realizar diversas acciones en el marco de los programas operativos de carácter plurianual. Entre otras, de mejora de las infraestructuras de producción y comercialización, de mejora de la calidad y medio ambiente, de investigación, formación y asesoría y de prevención y gestión de crisis de mercado.

Estos fondos operativos quedan así formados por los importes de ayuda de la Unión Europea y por las contribuciones de las propias organizaciones de productores o de sus miembros y son los que financian las actividades.

Así, las organizaciones de productores se pueden beneficiar de una ayuda de la Unión Europea del 50 % del coste de las acciones realizadas (el 60 % en determinados casos) hasta el límite del 4,1 % del valor de la producción comercializada, que se puede elevar al 4,6 % en el caso de acciones de prevención y gestión de crisis.