El Ministerio de Transición Ecológica ha convocado el Consejo Nacional del Agua para que vote el informe preceptivo para cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura vigentes desde 2014. El Gobierno quiere reducir los 38 hm3 mensuales del nivel 2 (que dependen del agua en Entrepeñas-Buendía) que se envían a Almería, Murcia y Alicante, a 27 hm3. Ante esta circunstancia, Carmen Crespo ha apelado al concepto de solidaridad entre territorios. “El agua es para beber y para comer y la que sobra en unos sitios es necesaria en otros. El trasvase resulta absolutamente necesario para Murcia y Valencia, pero también es de vital importancia para el norte de Almería y, desde luego, la Junta de Andalucía va a estar al lado de los regantes”, ha explicado la consejera.

A su juicio, no existen razones de peso para fijar una nueva hoja de ruta para el trasvase Tajo-Segura que reabra conflictos entre territorios. “Deben entender que ya hay una ley que determina las condiciones de los caudales ecológicos, basado en criterios científicos y, por tanto, no ha lugar esta situación y defenderemos los intereses de los regantes”, ha concluido.