Esta nueva norma afectará a las entidades de control y laboratorios que se encargan de garantizar de forma objetiva que los alimentos cumplen con las condiciones establecidas en la normativa de calidad y, en el caso de estar amparados por alguna mención de calidad diferenciada, que los productos se adaptan también a los requisitos incluidos en el correspondiente pliego de condiciones.

El objetivo general del decreto es unificar, actualizar y racionalizar la regulación andaluza al respecto, pues los dos anteriores habían quedado obsoletos. Además, el desarrollo de la Ley de la Calidad Agroalimentaria dará respuesta a las exigencias del reglamento europeo en materia de organismos de control y laboratorios oficiales.

En concreto, esta nueva normativa establece los requisitos y obligaciones que deben cumplir los organismos de evaluación de la conformidad que, según su actividad, únicamente requerirán una autorización previa cuando lo exija la normativa europea y, en el resto de los casos, la presentación de una declaración responsable o de una comunicación de inicio para comenzar a desarrollar su actividad.

Todos estos trámites se podrán realizar íntegramente por vía telemática, por lo que se facilitará la gestión a los interesados al permitirles ahorrar tiempo y evitar desplazamientos innecesarios.

Asimismo, con la entrada en vigor de esta norma andaluza se creará el registro de organismos de evaluación de la conformidad de los productos agroalimentarios y pesqueros de Andalucía, que integrará tanto a las entidades encargadas de los controles como a los laboratorios.

Gracias a esta iniciativa, la comunidad autónoma contará con una base de datos completa e informatizada que facilitará la supervisión que debe realizar la Consejería de Agricultura. Del mismo modo, se agilizará la difusión de información pública a la sociedad y a los servicios encargados de la elaboración de estadísticas. El decreto contempla, además, las medidas de control y supervisión sobre los organismos de evaluación de la conformidad que realizará la Administración.

Impacto en el sector andaluz

La calidad y diversidad de la producción agroalimentaria de Andalucía es una de sus fortalezas y supone, además, una ventaja competitiva para los productores. En este contexto, es clave el papel que desarrollan tanto las entidades de control como los laboratorios, para garantizar que los alimentos cumplen los requisitos de calidad.

Entre los organismos de evaluación de la conformidad a los que afectará el nuevo decreto se encuentran actualmente las 22 entidades que, bajo la supervisión de la Consejería de Agricultura, verifican que los productos amparados por Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y producción ecológica cumplen los requisitos establecidos, así como 27 entidades encargadas de certificar productos ibéricos y alimentos obtenidos bajo el sistema de producción integrada y otros entes que realizan certificaciones privadas exigidas para la distribución.

El Gobierno andaluz estima que esta norma atañe también a un mínimo de 250 laboratorios que actúan en el ámbito de la Ley de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía. Este total incluye, entre otros centros, los cinco laboratorios oficiales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que, hasta la fecha, eran los únicos a los que se podía designar para estas labores y a los que se espera sumar medio centenar más para certificar productos con calidad diferenciada. Por otro lado, en este grupo se encontrarían también unos 200 centros que, además de análisis oficiales, trabajan para terceros realizando autocontrol de calidad de las industrias. Cerca de 18.000 operadores en Andalucía se dedican a producir alimentos y bebidas certificados con algún tipo de mención de calidad diferenciada, constituyendo el nuevo decreto una regulación clave para el sistema de calidad agroalimentario en su conjunto.