Así lo ha manifestado la titular del ramo durante su intervención por videoconferencia en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Se trata de una cita preparatoria del Consejo de la Unión Europea que se celebra la próxima semana. En la reunión, la consejera también ha planteado la necesidad de disponer de “suficiente flexibilidad” en los primeros años de aplicación para evitar la pérdida de fondos de los ecoesquemas, cuyo presupuesto “debe representar como máximo el 20% de los pagos directos”.

Los denominados ecoesquemas son una de las novedades de la reforma de la PAC y se constituyen como un nuevo régimen de pago para promover la protección del medio ambiente y el clima mediante el presupuesto del primer pilar.

Crespo ha recordado que los pagos del ecoesquema se deben calcular de forma similar al actual pago verde, que es totalmente compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y en base a la regionalización del pago básico, como un porcentaje del valor individual de cada agricultor o, en su defecto, de los pagos medios en cada región.

Del mismo modo, la consejera ha considerado interesante contar también con mayor flexibilidad en la aplicación del capping, la degresividad y los pagos redistributivos, de forma que se tenga en cuenta la generación y el mantenimiento de empleo en todo momento.

La fase de negociación del nuevo Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) afecta en gran medida a Andalucía, cuyo Gobierno regional sigue trabajando en la defensa de un modelo agrario que ha demostrado su validez.

El sector agroindustrial tiene un gran peso en la Comunidad Autónoma andaluza, ya que representa el 12% del Producto Interior Bruto (PIB). El actual modelo agrario andaluz ha evitado que se despueble en exceso este territorio, que es una potencia a nivel nacional y europeo, capaz de exportar productos de primera calidad por un valor de 11.500 millones de euros anuales.

Por tanto, desde el Gobierno andaluz se defiende la necesidad de que se tengan en cuenta las propuestas de Andalucía en la definición del modelo de la nueva PAC porque esta Comunidad Autónoma representa el 36% de la renta agraria del país y el 27% de los perceptores de las ayudas (220.000 familias andaluzas).