La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno del abono de 108,8 millones de euros en ayudas relativas a la ejecución de los programas operativos de 2020 de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) de Andalucía.

Estas entidades, a las que pueden adherirse las empresas de forma voluntaria, se presentan como un elemento base para avanzar en el reagrupamiento en origen de la oferta hortofrutícola que, posteriormente, se lleva al mercado. Por esta razón, el principal objetivo de las OPFH es asegurar la programación de la producción de frutas y hortalizas y adaptarla a la demanda de los consumidores, principalmente, en lo que respecta a calidad y cantidad. Concentrar la oferta en origen y la comercialización de estos alimentos permite a los agricultores optimizar costes y estabilizar los precios de producción de las frutas y hortalizas.

A lo largo de 2021, la Consejería ha tramitado el pago de subvenciones relativas a los fondos operativos de 2020 de un total de 97 organizaciones de productores de frutas y hortalizas. En concreto, estas entidades beneficiadas desarrollan su actividad en las provincias de Almería, que reúne 35 OPFH y un total de 61 millones de euros en ayudas; Cádiz, cuyas 4 entidades rozan, en global, los 1,2 millones de euros en incentivos; Córdoba, donde 6 OPFH concentran un total de 1,5 millones de euros; y Granada, cuyas 11 organizaciones beneficiarias superan, en total, los 7,5 millones de euros en ayudas. Además, en Huelva se han beneficiado de estos incentivos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) 28 organizaciones de productores de frutas y hortalizas (29 millones de euros en global); en Málaga, 2 entidades (más de 1,1 millones de euros); y en Sevilla, 11 OPFH (7,3 millones de euros en total).

La finalidad de los fondos a los que hacen referencia estos incentivos es financiar los programas operativos de las diferentes OPFH y asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas (AOP), que se aprueban para un periodo de entre 3 y 5 años y recogen el conjunto de inversiones y gastos que las entidades tienen previsto realizar para conseguir, entre otros objetivos, una mejora de la sostenibilidad económica y ambiental de las explotaciones agrarias o un incremento de la calidad de sus