La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha presidido la Mesa de Interlocución Agraria (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) para analizar con el sector la situación que la falta de agua está generando en el campo andaluz y para adoptar una postura común de Andalucía de cara a la Comisión técnica de la Mesa Nacional de la Sequía que el Ministerio de Agricultura ha convocado para el próximo lunes. En concreto, la responsable de Agricultura se ha reunido con el presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra; el secretario general de COAG-Andalucía, Miguel López; el secretario general de UPA-Andalucía, Cristóbal Cano y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Juan Rafael Leal.

La reunión ha sido calificada de “fructífera” por la consejera, ya que ha servido, una vez más, para que “gobierno andaluz y sector vayan de la mano al acordar de forma conjunta una batería de propuestas urgentes de medidas, infraestructuras y actuaciones que consideramos que el Estado debe de implantar para poder paliar los efectos de la sequía y los elevados costes de producción que estamos sufriendo”.

En este sentido, tanto sector como gobierno han coincidió durante la reunión de trabajo en “la necesidad de establecer como una prioridad la aplicación de la doble tarifa eléctrica a los regantes, ya que ésta podría traer consigo un ahorro del 20% en la factura de luz a los agricultores y ganaderos andaluces y, por tanto, un alivio económico en estos momentos de elevados costes de producción”, según ha explicado la consejera. Asimismo, se ha planteado elevar al Estado que esta medida se complemente con la bajada del IVA de los insumos y la bonificación del agua desalada a 0,30 céntimos, al menos, para los regantes.

Asimismo, desde la Consejería de Agricultura y Agua se va a trasladar en la Comisión técnica que “se adapte el seguro combinado para que ampare y cubra el no cultivo por la falta de lluvias a los agricultores y ganaderos, siendo ésta una petición que ha realizado el propio sector y que Andalucía recoge por ser crucial”.

De otra parte, en materia de infraestructuras hídricas la Mesa de Interlocución Agraria ha decidido solicitar en el marco de la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía más fondos para el impulso de infraestructuras hídricas que vengan a generar nuevos recursos hídricos para el sector. A este respecto, la consejera ha explicado que “volverá a incidir en la necesidad de reprogramar los fondos Next Generation para destinar más financiación al agua y al regadío”. Y para ello, “necesitamos que el Ministerio de Agricultura sea proactivo y pida al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico los empleen en obras hídricas cruciales que llevan tiempo planificadas”.

Es por ello, que la consejera ha venido reclamando “un mayor compromiso del Gobierno con Andalucía para hacer frente a esta situación de extrema excepcionalidad y que, de no actuar, nos dejaría a la Comunidad Autónoma en clara desventaja competitiva”. De ahí que “necesitamos que el ministerio de Agricultura haga suya esta reivindicación de Andalucía y pida esa reprogramación de los fondos y que implante un mayor compromiso para ejecutar, cuanto antes, las obras de interés general que el Estado tiene pendientes en Andalucía, ya que éstas aliviarían la situación”.

En definitiva, que “el Gobierno de España siga la senda que ha iniciado el ejecutivo andaluz y ponga sobre la mesa actuaciones que vengan a aportar recursos, tanto a corto como medio plazo, porque tenemos que ser conscientes de que la sequía y el cambio climático es que ha llegado para quedarse” ha explicado Crespo.

Por último, que, en el seno de la reunión, Crespo haya querido, también, recordar que “Andalucía fue previsora y está siendo inversora al movilizar 141 millones de euros en sus Decretos de Sequía, los cuales ya se encuentran casi al 50% de ejecución para aportar en 2023 cerca de 77 nuevos hectómetros cúbicos de agua”. Es por ello, Crespo ha explicado que “el gobierno andaluz no puede estar sólo porque sólo tiene competencia en el 33 por ciento del territorio siendo el Estado el que tiene obligaciones en el 67 por ciento restante”.