La política económica que propone Díaz secundada por el ministro de Consumo Alberto Garzón radica en un pacto entre consumidores y distribuidoras para que la cesta de la compra, concretamente en unos treinta productos, tenga un límite en su precio y así combatir la inflación que nos acontece desde que se desatara el conflicto bélico en Ucrania.

Sin embargo, para ASAJA-Almería este "empeño de la ministra es una aberración”, tal y como señala la presidenta provincial, Adoración Blanque, quien es consciente de la inflación tan desmedida a la que está enfrentándose el país y asegura que “de todas las propuestas que se podrían haber realizado para atenuar los precios; limitar los precios de los alimentos básicos sin duda ha sido la más desafortunada, debido a que es la comprobación de un desconocimiento absoluto de la realidad del sector”. Por ello, la Organización agraria reclama al ministro de Agricultura Luis Planas, encargado de la defensa del sector, que invite a la vicepresidenta a que haga una reflexión y revise la actualidad agraria, y entonces contemple las bases que plantea su propuesta.

Díaz señala los huevos, la leche, el aceite, los cereales, la fruta o las hortalizas como los productos básicos cuyos precios deben ser limitados. Sin embargo, según los datos recopilados por ASAJA-Almería, el tomate pera se está pagando en el mes de septiembre en origen a 0,40 euros el kilo y el consumidor lo está comprando a 2 euros de media, destacando con un aumento del 500%; en el caso del pimiento lamuyo rojo, su precio se ha elevado un 233% debido a que en origen se encuentra a 1,20 euros y en el supermercado a 2,80 euros. Igualmente, la lechuga romana se incrementa a lo largo de la cadena alimentaria en un 400%; y el pepino corto en un 236%.

Asimismo, si atendemos a productos como los huevos (L), se vende de media a 2,15 euros, una tarifa un 130% más elevada con respecto a los 1,65 euros que reciben los productores; del mismo modo, se encuentra el aceite de oliva virgen extra con un aumento del 178%, o la leche de vaca con un 222%. Por lo que, si se revisan los precios en origen y los precios en supermercados, no son los productores los más beneficiados, “estamos completamente de acuerdo en ayudar a las personas que lo necesiten, quizás rebajando los impuestos o el gravamen de esos productos básicos se remediaría parte de las consecuencias de la inflación; pero no a costa de desmantelar el sector agroganadero” afirma Blanque.

El desmesurado incremento de los costes de producción que ha empañado la campaña anterior, la incertidumbre ante una PAC todavía por definir, la competencia desleal de terceros países; y ahora un intento de llevar al límite al sector, son solo algunos de los problemas que está combatiendo nuestro campo y están comprometiendo ese relevo generacional que tanto se reclama. Asimismo, desde ASAJA queremos recordar al Gobierno la ineficiencia de una Ley de la Cadena, que fue aprobada con la intención de configurar los precios con transparencia; precisamente para evitar estas desavenencias y alcanzar un equilibrio económico para que agricultores y ganaderos no vendieran por debajo de los costes de producción.

Por este motivo, la presidenta provincial señala que “se trata de un ataque en toda regla al sector agroalimentario que en absoluto ayudará a los productores y que deja a merced de distribuidoras el futuro del sector agrario, un sector esencial para el desarrollo socioeconómico y que igualmente está siendo víctima de la inflación”. Desde ASAJA hacemos un llamamiento al Gobierno en nombre de la ‘prudencia’ y se preocupe también por los bajos precios en origen y la falta de rentabilidad del sector primario, “es inadmisible que los precios se fijen de arriba hacia abajo, esto es un hecho que el sector agro está padeciendo y que debe revertirse”, reclama Blanque.