La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mantenido un encuentro de trabajo en Córdoba con Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), que es “seña de identidad del regadío español”. Crespo ha afirmado que, en el marco de sus competencias, la Junta de Andalucía se encuentra actualmente inmersa en una “política hídrica aún más ambiciosa si cabe” que, entre otros objetivos, contempla el impulso del regadío.

“En esta época de sequía, el regadío adquiere aún más importancia”, ha comentado la consejera, destacando que las instalaciones están modernizadas en gran medida y el sector está trabajando ahora por “la eficiencia energética”. Al respecto, ha puesto en valor que la Junta ha gestionado, en un sola legislatura, 100 millones de euros en ayudas que facilitan la movilización de una inversión global de 200 millones de euros al sumar el capital privado que aportan los regantes. En concreto, estas subvenciones impulsan la modernización de infraestructuras de 43 comunidades de regantes andaluzas y la eficiencia energética de otras 19 entidades.

En cuanto a ahorro de recursos hídricos, Carmen Crespo ha resaltado que estas iniciativas de colaboración público-privada “dan lugar a un ahorro anual de 12,17 hm³ en Andalucía”. “Eso ya lo han conseguido los regantes”, ha apostillado la consejera, resaltando “la importante labor medioambiental” de estos agricultores. En el caso concreto de la provincia de Córdoba, los regantes del Margen Derecho del Genil, Genil-Cabra y Guadamellato han recibido incentivos por un valor global de 7 millones de euros (14 millones de euros de negocio sumando la inversión privada) que permiten ahorrar 1 hm³ de agua al año.

Más fondos para el agua

“Las administraciones debemos estar también a la altura y, en estos momentos de sequía, ayudar al regadío a ser más eficiente, más moderno y competitivo”, ha subrayado Carmen Crespo, quien ha recordado que en sus recientes reuniones con el Secretario de Estado de Medio Ambiente y el ministro de Agricultura ha pedido “más fondos Next Generation para el regadío”. La consejera considera este sistema de cultivo “parte de la solución para el futuro y no el problema” en momentos de sequía como el actual.

Asimismo,Crespo ha reiterado su petición de la activación de la doble tarifa eléctrica para los regantes como se contempla en le Ley de la Cadena Alimentaria, una importante medida que puede permitir “un ahorro de entre el 20% y 30% en la factura del regante”. “No entendemos cómo no está puesta en marcha ya esa doble tarifa”, ha lamentado, apuntando que “esta medida es un instrumento fundamental que debe activarse ya en estos momentos de costes de producción desorbitados, de alto precio de la energía y de sequía”.

Federación de regantes

Por su parte, el presidente de Fenacore ha destacado que “el regadío es un motor para la economía y el empleo de nuestra región”. “Casi 9 de cada 10 hectáreas regadas en Andalucía son de bajo consumo de agua gracias a los esfuerzos acometidos para avanzar en el proceso de modernización. Y ese debe ser un objetivo prioritario, también a nivel estatal, para producir más alimentos usando menos agua y energía”, ha comentado.

Andrés del Campo ha comentado que “para seguir modernizando nuestros cultivos es fundamental abaratar los costes energéticos que soportamos y que actualmente están asfixiando a tantos agricultores”. “En este sentido, urge que nos permitan contratar dos potencias eléctricas al año, aprobar un IVA reducido para el suministro de energía al regadío y enmendar la planificación hidrológica para, entre otros fines, recuperar las inversiones en obras de regulación, que además de garantizar el agua para riego, permiten combatir las sequías, al embalsar agua en las épocas de lluvia para distribuirla y usarla cuando se necesite”, ha añadido. El representante de los regantes ha comentado que, “sin embargo, en España se han ejecutado solo dos de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, por lo que un porcentaje elevado de las obras de regulación y de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han realizado pese a recogerse en los sucesivos planes y resultar determinantes”.