La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha participado este miércoles en Madrid en la concentración convocada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ante las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para protestar contra el recorte del trasvase. "Es una decisión basada en argumento políticos, no en informes científicos", ha subrayado Crespo, que ha solicitado al Estado que "no siga adelante con ese plan hidrológico del Tajo" con el que "han traicionado el entendimiento alcanzado por comunidades autónomas y regantes en el Consejo Nacional del Agua".

La responsable de Agua de Andalucía ha explicado que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido audiencia al Consejo de Estado "para que nos permita presentar alegaciones como han hecho otros territorios" en defensa del mantenimiento del trasvase. Carmen Crespo espera que el Gobierno central "admita las alegaciones de las tres comunidades autónomas (Andalucía, Valencia y Murcia) y de los regantes del levante español" para "evitar un aldabonazo que daría la puntilla al sector de las frutas y hortalizas", caracterizado por su alto nivel de exportación, su modernización y su papel como "sumidero de CO2". Se estima que el recorte del trasvase Tajo-Segura afectaría a más de 25.000 hectáreas de cultivo y 15.000 empleos en el Levante y, en el caso concreto de la provincia de Almería, se verían damnificados más de 120.000 usuarios por la pérdida de un total de 4 hm³.

Para la consejera, la decisión del Ministerio tiene unas importantes repercusiones en la soberanía alimentaria y en la economía del Levante español, "donde estamos todos unidos en una cuestión que no es una confrontación política". Crespo ha aseverado que su presencia en Madrid persigue "apoyar a nuestro territorio, a los usuarios del agua de una España seca de la que formamos parte y que necesita la continuidad de una solidaridad del agua que viene del año 79 y que no se puede romper por una decisión caprichosa política". "Hemos llegado hasta la extenuación intentando negociar", ha afirmado la consejera, que mantiene que "con seis metros cúbicos por segundo y las obras necesarias en la cabecera del Tajo de depuración y de modernización de regadíos es suficiente para tener el río en las mejores condiciones, que es lo que todos queremos".

La representante del Gobierno andaluz ha recordado que los científicos avalan un caudal ecológico de seis metros cúbicos por segundo, por lo que no sería necesario elevarlo hasta 8,6 m³/s como propone el Estado. Por esta razón, Carmen Crespo ha apostado por parar "esta injusticia a sabiendas que pone en jaque mate a la producción de frutas y hortalizas del Levante español". La consejera ha hecho hincapié en que esta zona de España necesita especialmente los recursos hídricos y ha puesto en valor el buen uso que se hace del agua en las explotaciones agrícolas, donde se aprovecha "gota a gota" en una actividad que permite generar empleo y riqueza.

Respecto a la desalación, Crespo ha rechazado que sea "la solución a corto plazo" como se ha planteado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y ha recordado que las medidas a las que alude el Estado ya se encuentran recogidas en el plan hidrológico pero "para sustituir las aguas subterráneas, no las del Tajo-Segura". En este ámbito, la consejera andaluza ha recordado también que aún hay proyectos pendientes en Andalucía que son competencia del Estado, como, por ejemplo, la duplicación de la capacidad de la desaladora de Carboneras (Almería).