El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la reforma de la ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor en diciembre de 2021, es ambiciosa en el ámbito de la Unión Europea y supone un claro ejemplo del ejercicio de transparencia sobre las relaciones comerciales que se solicitó hace unos días por el pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. La ley de la cadena funciona y el Gobierno está comprometido, junto al trabajo de las comunidades autónomas, por su cumplimiento, ha remarcado.

En el acto inaugural del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), el ministro ha añadido que esta transparencia y seguridad para los productores primarios también se va a potenciar gracias al nuevo registro digital de contratos, en el que el operador que compre a los productores o a sus agrupaciones deberá inscribir cada contrato y, si se producen, sus posteriores modificaciones.

La reforma introdujo importantes mejoras para evitar las situaciones de abuso, al establecer el precio de los productos a lo largo de la cadena, con especial incidencia en el eslabón más débil, el de los productores primarios. Además, con la modificación de la ley de la cadena se apuesta por modernizar las relaciones comerciales para logra que sean más justas, equilibradas y transparentes, al fijar, por ejemplo, la obligatoriedad del contrato por escrito por encima de los 1.000 euros.

La AICA, cuya labor ha resaltado el ministro, ha presentado en la primera reunión del Consejo Asesor de este año su informe de actividad correspondiente a 2022, que concluye que durante el pasado ejercicio ha impuesto 272 sanciones por el incumplimiento de la Ley 12/2013, relativa a las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, modificada en diciembre de 2021 (Ley 16/2021).

Luis Planas ha felicitado el trabajo de la AICA y ha indicado que el número de sanciones demuestra que las infracciones solo representan una parte mínima de las actuaciones en el sector. A su juicio, durante los 14 meses que lleva en vigor la reforma de la ley de la cadena, la aplicación de esta normativa ha sido muy positiva y ha impulsado los principios de confianza y legalidad que deben de regir las relaciones comerciales en un sector puntero de la economía española como es el agroalimentario.

COLABORACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La reunión del Consejo Asesor de la AICA ha estado presidida por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y ha contado con representantes de la producción, la industria y la distribución agroalimentaria, así como con responsables de control de otros ministerios y organismos autónomos.

Una de las novedades de este encuentro ha consistido en la presentación de la actividad de control de las comunidades autónomas, que han tenido un efecto multiplicador en la actividad de inspección y también en la mejora de la cadena alimentaria en su conjunto. Así, en el pasado año, en el ámbito de sus competencias, realizaron 549 inspecciones de oficio y controlaron 2.029 relaciones comerciales de oficio.

Cabe recordar que en febrero de 2022 se formalizó la constitución del comité de cooperación de las autoridades de ejecución. Los trabajos y recomendaciones de este comité son la garantía para que la colaboración entre comunidades autónomas dé sus mejores frutos para llevar a cabo una aplicación y control uniforme en todos los territorios.

El pasado 21 de febrero, la AICA hizo pública a través de su página web la relación de las 69 empresas que cometieron infracciones graves o muy graves con el motivo y la cuantía de cada sanción firme, bien en vía administrativa o judicial, tal y como obliga esta normativa.

En su último informe anual, la AICA ha indicado que durante el pasado año ha iniciado 172 expedientes sancionadores y que las sanciones impuestas ascienden a 272, de las que el 53 % corresponde a infracciones por incumplimiento de los plazos de pago, sobre todo, por parte de empresas mayoristas e industrias agroalimentarias.

El resto de sanciones se deben a otros incumplimientos del marco legal, como la falta de contrato, la no inclusión del precio en el contrato o la destrucción de valor de la cadena alimentaria. Por sectores, 109 de las sanciones corresponden al de frutas y hortalizas, 68 al vitivinícola y ocho al lácteo.

DENUNCIAS Y CONTROLES
A lo largo de 2022, este organismo recibió 23 denuncias por presuntos incumplimientos de la ley de la cadena. De nuevo, el sector hortofrutícola aglutina el mayor número de denuncias (15), seguido del lácteo (3), vitivinícola (2) y de los de aceite de oliva, aceituna de mesa y frutos secos, que contabilizan una cada uno.

La AICA, además, ha realizado 929 controles de oficio en 2022 que han abarcado 1.487 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria. Principalmente, ha investigado transacciones comerciales de frutas y hortalizas (29,4 %), del sector cárnico (21 %) -con especial dedicación en el sector avícola-, del sector del vino, así como del de aceituna de mesa y el de frutos secos.

Desde la entrada en vigor de la modificación de la ley de la cadena alimentaria en diciembre de 2021, este organismo ha acometido un total 7.638 actuaciones, de las que 2.487 tenían como finalidad comprobar la existencia de contratos y 5.151 si se producían prácticas abusivas comerciales

REGISTRO DIGITAL DE CONTRATOS
La Ley 16/2021, de modificación de la ley de la cadena alimentaria, introdujo la creación de un registro digital de contratos que ya está operativo desde el 31 de enero de 2023. La inscripción en el registro digital ahora es voluntaria, pero será obligatoria a partir del próximo 30 de junio antes de la entrega del producto objeto de contrato. El registro es un repositorio de documentos de carácter digital y confidencial. No tiene fines informativos ni estadísticos y sus datos no son objeto de explotación.

Los informes de actividad se pueden consultar en el siguiente enlace de la página web de AICA:

https://www.aica.gob.es/informes-9467910320160211