El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que contempla una inversión de 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos. De esta cantidad, el MITECO aporta 1.400 millones para construir nuevas infraestructuras, como plantas desalinizadoras, duplicar la reutilización de aguas urbanas, y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. También contempla la ejecución de un nuevo trasvase para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana.

La inversión en materia de agua es una prioridad del MITECO, que ha aumentado la inversión anual un 50% desde los 362 millones de euros de 2018 hasta los 541 millones del pasado 2022. Además, en la presente legislatura se han sentado las bases de un potente refuerzo de las actuaciones durante los próximos años: los Planes Hidrológicos de 2022 a 2027 prevén inversiones de 22.844 millones y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla otros 3.167 millones, incluyendo un PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

El esfuerzo presupuestario realizado desde 2018 nos garantiza soportar la presente sequía sin cortes de abastecimiento. Ahora, este RDL sirve de alivio para el sector agrario y de preparación para los retos trascendentales que vienen a causa del cambio climático.

A la política de carácter estructural, de medio y largo plazo, destinada a mejorar la gestión y aumentar el volumen de los recursos hídricos disponibles y a proteger más los ecosistemas, el RDL refuerza esta línea de trabajo y aprueba varias actuaciones urgentes para afrontar la actual coyuntura de sequía, con un impacto económico de 1.400 millones.

Apoyo a los regantes

En primer lugar, para ayudar a los regantes que este 2023 sufran una reducción de su dotación de agua, se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Esta exención será del 50% si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, y del 100% si supera ese 60%. Los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir quedan directamente exentos del 50% de dichas cuotas.

En segundo lugar, en consonancia con la normativa comunitaria, el RDL modifica la Ley de aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas, de modo que se crezca un 150%, desde los actuales 400 Hm3 anuales a cerca de 1.000 Hm3 anuales en 2027 y llegue a representar el 20% del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones.

Infraestructuras

En tercer lugar, se acelera la construcción de importantes infraestructuras, algunas con carácter inmediato para las cuencas afectadas por la sequía, como bombeos de emergencia y adecuación de tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses, con un presupuesto estimado de 35,5 millones.

En este ámbito de nuevas infraestructuras, se declaran de interés general varias actuaciones en la costa mediterránea, de modo que el Estado central asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña –una planta en Tordera, con un coste de 220 millones–, en Málaga y Almería –200 millones–, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones.

Igualmente, se ha dado luz vede a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltaicos, en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, que cuenta con una dotación económica de 600 millones.