La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha subrayado la importancia de que "el Gobierno de España defienda al sector agrícola como merece y trabaje para reducir el carácter lesivo del nuevo reglamento de uso de productos fitosanitarios que se está impulsando en Europa". "No hay tiempo que perder", ha afirmado Crespo, que ha solicitado al Gobierno de España que aproveche la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) para actuar antes de que se celebre el debate de la nueva normativa, previsto para el día 21 de noviembre.

Carmen Crespo ha reiterado la "firme oposición" de Andalucía a la reducción que se está proponiendo en Bruselas. La consejera considera que se trata de un cambio "inasumible por parte de la agricultura, que complica la soberanía alimentaria de la Unión Europea y que puede tener importantes consecuencias en relación a plagas y otras circunstancias sobrevenidas". "Reducir los fitosanitarios al 50% sin materias alternativas es un disparate", ha afirmado Crespo, apuntando que "los propios agricultores están a favor de ir disminuyendo paulatinamente el uso de estos productos, pero este proceso debe llevarse a cabo con el tiempo suficiente para garantizar su viabilidad".

Al hilo del debate europeo, Carmen Crespo ha reiterado su posición contraria a la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente apuntando que, por el contrario, la Comisión de Agricultura sí "ha trasladado un reglamento de fitosanitarios factible dadas las posibilidades actuales del sector". Al hilo de esta cuestión, Crespo ha lamentado que, analizando la nueva normativa, "parece que algunas secciones de la Unión Europea no comparten la misma realidad".

La consejera andaluza ha puesto en valor que "los agricultores han demostrado con creces su implicación con la sostenibilidad y, lejos de estancarse, continúan esforzándose para hacer las cosas cada vez mejor". "Pero no se puede hacer más con menos", ha recalcado Carmen Crespo en relación al continuo aumento de exigencias por parte de Bruselas que, en ocasiones, se une a recortes en los fondos económicos dirigidos a respaldar a los agricultores y ganaderos.