El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado hoy el compromiso evidente, con hechos, de este Gobierno con agricultores y ganaderos. “El Gobierno y este ministro están dispuestos a seguir trabajando, con las organizaciones agrarias y el conjunto del sector, para avanzar hacia el futuro”, ha recalcado el ministro, quien ha añadido que “agricultores y ganaderos quieren algo sencillo; que se les escuche, comprenda y respete, y esa es la actitud en la que está este Gobierno para la búsqueda de soluciones”. El ministro ha asegurado que el Gobierno practica el diálogo, el trabajo y la cooperación con el sector, porque “es estratégico”, y la reunión de hoy se sitúa en la línea de trabajo de este ministerio, basada en el diálogo y la colaboración. “Hace falta saber escuchar y hablar con agricultores y ganaderos; trabajar mucho en apoyo del sector”.

Ha subrayado que “este Gobierno es el que más apoya a los agricultores y ganaderos españoles ante los nuevos retos, porque estamos a su lado, conocemos sus problemas y estamos comprometidos en solucionarlos.” Luis Planas ha expresado así el compromiso firme con el sector tras la reunión hoy con las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, que pidieron por carta este martes, 30 de enero, un encuentro con el ministro. “El Gobierno entiende sus preocupaciones y estamos con ellos”, ha asegurado. Por eso, a pesar de las dificultades, en España, ha apuntado, tenemos una ventaja y una oportunidad frente a otros países europeos, porque este “Gobierno ya ha estado trabajando para asegurar la rentabilidad y competitividad del sector”. Ha señalado, en referencia a las protestas agrarias en Europa, que la situación con España es diferente y ha mencionado, por ejemplo, que el Gobierno va a mantener la devolución del impuesto especial de hidrocarburos al gasóleo agrícola -punto de fricción en otros países- y ha destacado que la reforma de la ley de la cadena alimentaria, que emprendió este Gobierno, recogió una de las demandas históricas del sector agrario: prohibir la venta a pérdidas. El ministro ha remarcado que “agricultores y ganaderos nos van a tener siempre al lado” en sus reivindicaciones justas, como es la rentabilidad y el respaldo en una transición justa a un modelo sostenible de producción. El ministro ha reiterado el apoyo del ministerio que se ha visibilizado en un paquete de ayudas por más de 4.000 millones de euros en medidas fiscales, laborales y de las que 1.380 millones de euros son ayudas directas extraordinarias para apoyar a agricultores y ganaderos ante las situaciones de incremento de costes y por la sequía, la mayor cuantía de ayudas extraordinarias directas que se ha destinado al sector, porque lo necesita y este Gobierno es consciente y lo apoya.

RESPUESTA A LOS PUNTOS PLANTEADOS POR DE AGRICULTORES Y GANADEROS

El ministro ha pasado revista a los distintos puntos planteados por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, empezando por las recientes protestas en Francia, que han ocasionado daños a los transportistas españoles, en particular a los de mercancía hortofrutícola y que ha reiterado son “intolerables”. A este respecto, ha apuntado que anoche recibió una carta del ministro de Agricultura de Francia, Marc Fesneau, en la que transmite su pesar y las disculpas de su gobierno por lo sucedido en las carreteras de su país. Para el ministro, este gesto “es muy noble y positivo”, pero no obsta a que se presenten las reclamaciones pertinentes. En relación con la simplificación de los trámites burocráticos, el ministro comprende que la acumulación de normativa europea, nacional y de las comunidades autónomas ha podido producir un nivel de carga administrativa para los productores.

Por ello, el Gobierno va a trabajar junto a las comunidades para identificar qué elementos es posible reducir en esa carga administrativa. “Simplificar no significa dejar de cumplir, pero si hacerlo de manera más sencilla”, ha aclarado. En relación con la propuesta comunitaria relativa la derogación de la obligación del barbecho durante 2024, Planas ha asegurado que “España va a defender una propuesta de reforma si beneficia realmente a nuestros agricultores”. Planas ha subrayado la importancia que tienen los acuerdos comerciales con terceros países para el sector agrario español. De hecho, en el año 2000 la balanza comercial agroalimentaria era negativa y hoy arroja un saldo positivo de casi 14.900 millones de euros, con unas exportaciones que superan los 70.000 millones. No obstante, ha indicado que para mantener este “éxito comercial”, es necesario mantener un seguimiento estricto de las importaciones y comprobar el cumplimiento de los contingentes arancelarios. A este respecto, ha recordado que él fue el primer ministro de Agricultura de la Unión Europea en reclamar cláusulas espejo en los acuerdos comerciales, aunque luego se fueron sumando otros países. Según ha aclarado, los acuerdos comerciales deben recoger mecanismos que aseguren que las producciones que llegan a la UE cumplan la normativa comunitaria de calidad, seguridad y condiciones sanitarias.

Respecto a la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), el ministro ha explicado que mecanismos como los ecorregímenes han tenido buena aceptación en el sector, ya que 3 de cada 4 agricultores y ganaderos se han acogido a alguno de ellos. De todas formas, ha asegurado que su departamento es sensible a los problemas que la aplicación de esta herramienta pueda tener en determinados territorios para buscar soluciones. Así, en el proceso de modificación del Plan Estratégico de la PAC tras su primer año de aplicación, el ministerio llevará a cabo los ajustes técnicos necesarios en colaboración con las comunidades autónomas. También ha ofrecido la disposición del ministerio para trabajar con las comunidades autónomas en la aplicación efectiva de la ley de la cadena alimentaria, una norma pionera que va a servir de modelo en la futura normativa de la Unión Europea, pero que “tenemos que aplicar mejor”. En esta línea, se han reforzado los medios humanos y técnicos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que ya realiza una intensa labor de inspección de oficio. Además, ha apuntado que tanto las comunidades autónomas como las organizaciones agrarias pueden efectuar denuncias por el incumplimiento de esta ley, con respeto a la confidencialidad del denunciante; y ha anunciado una próxima reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria para profundizar en su aplicación.

Asimismo, el ministro ha pedido que se deje fuera del debate partidario y sectario los temas de sanidad animal y vegetal. “Los ganaderos españoles están haciendo un esfuerzo formidable para cumplir los estándares europeos y ser los más avanzados en términos de estatus sanitario de la cabaña ganadera, y ese esfuerzo no lo podemos echar atrás”, ha subrayado. En el caso concreto de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, el ministerio ha hecho un seguimiento constante de esta enfermedad y ha mantenido reuniones a todos los niveles, aunque la mayoría de las competencias en esta materia les corresponden a las comunidades autónomas. Por ello, ha pedido un esfuerzo de coordinación para avanzar en la erradicación de esta enfermedad.

El ministro ha recalcado que los seguros agrarios constituyen un importante mecanismo de apoyo a la renta de los agricultores y ganaderos. Desde 2021 se está incrementando el presupuesto de ayuda estatal para la contratación de seguros, con mejoras en el porcentaje de subvención. En 2023 se han establecido indemnizaciones por valor de 1.423 millones de euros, con un crecimiento de más del 50 % respecto al año anterior. Para mejorar este sistema, Planas ha señalado que el ministerio y las organizaciones agrarias están analizando, línea por línea, las adaptaciones necesarias, en el actual contexto de cambio climático. Para incentivar el relevo generacional, la nueva PAC incluye más presupuesto para favorecer la incorporación de jóvenes, con unos 220 millones de euros al año, tanto a través de ayudas directas como de desarrollo rural. El ministro ha avanzado que esta cuestión se recogerá en la futura ley de agricultura familiar, respetando siempre las competencias de las comunidades autónomas y con un diálogo permanente. En cuanto a la instalación de energías renovables en terrenos agrarios, que también es competencia de las comunidades autónomas, se podría desarrollar una normativa que restrinja su instalación en suelos de alto valor agrario.

AYUDAS AGRARIAS EXTRAORDINARIAS DIRECTAS

Entre 2022 y hasta hoy el Gobierno ha destinado unos 1.400 millones de euros en ayudas directas extraordinarias para los agricultores y ganaderos de toda España, sobre todo, los más vulnerables al incremento de precios y de las consecuencias de la sequía. Los sectores más beneficiados son los ganaderos, tanto de leche como de carne (unos 700 millones de euros) y se habilitaron casi 300 millones de euros para paliar los efectos del incremento del coste de los fertilizantes. Los agricultores de cultivos herbáceos de secano y de determinados cultivos industriales (tomate de industria y arroz) contarán con casi 270 millones de euros para apoyarles por la sequía. Otros 81 millones de euros procedentes de la reserva agrícola de la UE han ido a productores de frutales de pepita, de hueso, tropicales, cítricos y frutos de cáscara; 38,7 millones al sector citrícola; 8 millones de euros a los productores de la cereza del Valle del Jerte (Cáceres) y 5 millones de euros para el sector apícola