Pérez ha asumido todos los hechos recogidos en el escrito de acusación con "efectos medioambientales y para la salud negativos" y ha admitido que las decisiones para su "ejecución" se adoptaron por él "unilateralmente" como presidente de la entidad.

Pérez ha reconocido ante el tribunal de la Sección Tercera haber cometido un delito de desobedencia, a igual que ocho integrantes y exmiembros de la cúpula directiva de comunidad de regantes sentados en el banquillo, quienes han sido condenados a multa de dos meses a razón de seis euros al día. El fiscal ha retirado la acusación al décimo procesado, ya que cesó como vicepresidente en 2012, antes de que se produjeran los hechos.

La concena a prisión al presidente es por dos delitos contra el medio ambiente, si bien inicialmente y antes de la rebaja del Ministerio Público, se enfrentaba penas de nueve años y cinco meses de prisión.

El acuerdo de conformidad se ha alcanzado después de que la directiva de Cuatro Vegas haya aportado como documental un plan de actuación para "restarurar el equilibiro ecológico alterado" por las conductas de los regantes y cuyos gastos sufragarán de forma conjunta y solidaria bajo las directrices de la Junta de Andalucía. 

Al marge de las penas de prisión por los delitos medioambientales,que han quedado suspendidas por dos años con condiciones, Pérez también ha sido condenado al pago de multas que suman 13 meses a razón de seis euros al día, y a inabilitación para formar parte de ´roganos de gobierno de comunidades de regantes por periodo de 20 meses. 

Los hechos se remontan al periodo entre 2001 y 2016 durante el que el presidente de Cuatro Vegas incumplió "reiteradamente" su obligación de dar tratamiento terciario de filtración y desinfección al agua procedente de la EDAR de Almería "bien por no aplicar ninguno, bien por insuficiencia del aplicado" de modo que el agua que se distribuía para riego "incumplía" los parámetros de la normativa de uso de aguas residuales.

Fue precisamente a raíz de estos incumplimientos cuando la Junta de Andalucía acordó el 10 de octubre de 2011 iniciar un procedimiento para suspender el suministro de agua procedente de la depuradora de El Bobar a la comunidad de regantes ante "el riesgo para la salud de los ciudadanos", si bien en agosto de 2012 autorizó el acceso a las aguas regeneradas para la realización de pruebas de calidad sin poder usas dichas aguas para uso agrícola. 

Sin embargo, la comunidad procedió a distribuir el agua a sus comuneros entre finales de agosto de 2012 hasta noviember de 2014. De esta forma entre agosto de 2012 y junio de 2013 se distribuyeron 5.065.596 metros cúbicos de agua procedente de la EDAR sin cumplir los requisitos. 

Las aguas, de acuerdo a los análisis toxocológicos, presentaba "contaminación con amonio que las clasifica de muy mala calidad ecológica, suponiendo un riesgo grave para los escosistemas y un grave riesgo para la salud de las personas por consumo de vegetales regados con estas aguas".

Además, entre 2002 y 2016, Cuatro Vegas habría comprado agua de al menos cinco pozos que "no tenían autorización o concesión", así como de otro más que sí tenía autorización pero "extrayendo agua con exceso de volumen permitido"; todo ello pese a encontrarse estos pozos en masa de agua calificada como "mala" por el Plan Hidrológico Nacional. De esta forma, la comunidad de regantes habría extraído 4.243.770 metros cúbicos de agua de pozos que "carecen de título de aprovechamiento de agua" y, por tanto, no están autorizados para extraer agua subterránea.