Un nuevo reglamento destinado a frenar la morosidad en los pagos será sometido a votación este jueves 22 de febrero en el Parlamento Europeo. El trámite llega en un momento de especial dificultad para el sector agrícola y ganadero manifestado en las distintas protestas que se vienen sucediendo a lo largo y ancho de Europa, también en España.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha hecho un llamamiento para que los grupos políticos del Parlamento Europeo -incluido el Grupo Popular, sobre el que habría dudas sobre su postura- apoyen la propuesta inicial presentada por la Comisión Europea que establece un plazo máximo único de pago de 30 días para todas las operaciones comerciales.

La actual normativa permitía ampliar a 60 días los plazos de pago “si no resulta manifiestamente abusivo para el acreedor”. Una práctica que tal y como admite la propia Comisión “ha dado lugar a una situación en la que se imponen plazos de pago de 120 días o más a los acreedores más pequeños”.

En opinión de UPA, la importancia de votar a favor de este reglamento es “vital para proteger a los pequeños y medianos agricultores de los abusos que en la práctica se vienen sucediendo”. En este sentido UPA está reclamando también una vigilancia más estricta de la Ley de la Cadena Alimentaria en España, que ya establece esta obligación.
Este tipo de prácticas ha permitido que los proveedores tengan que aceptar condiciones de pago abusivas. Concretamente, según datos de la Comisión Europea, del listado de prácticas desleales más repetidas a nivel europeo, la primera causa está relacionada con retrasos en los pagos superiores a 30 días para los productos perecederos.

Con esta norma, Europa daría un paso más en la protección de agricultores y ganaderos para hacer valer sus derechos cuando cobren con demora, ya que la propia norma refuerza la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales limitando el plazo de pago a un máximo de 30 días con independencia de si trata o no de productos perecederos.

Datos de interés

• Las empresas de mayor tamaño dimensión son las que a su vez se demoran más en sus pagos.
• Cada segundo se intercambian 500 facturas en la UE, la mitad de ellas se pagan con retraso.
• Perseguir la morosidad cuesta al año 275.000 millones de euros al año, más que todo el PIB de Finlandia.
• 9.194 euros al año de media por empresa.
• 29% del año laboral de media.
• El 70% de las empresas considera que los retrasos en los pagos son un obstáculo para su transición ecológica.
• 4 de cada 10 empresas de la UE dedican más de 10 horas semanales a perseguir los retrasos en los pagos.
• 1 de cada 4 quiebras se debe a que las facturas no se pagan a tiempo.
• Cada día de reducción del retraso en los pagos suponen 158 millones de euros ahorrados en costes de financiación para las empresas.