El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes que la Política Agraria Común (PAC) ha de retomar su posición clave en los debates comunitarios, debido a la importancia de este marco regulatorio para el mundo rural y el sector primario de la Unión Europea (UE), así como para la provisión de alimentos y también para conseguir la autonomía estratégica que defiende la Europa de los Veintisiete.

Así lo ha apuntado en el Consejo de ministros de Agricultura y Pesca que tiene lugar este lunes 21 y martes 22 en Luxemburgo, con un orden del día que incluye, entre otros puntos, el debate abierto por la Presidencia húngara sobre el futuro de la PAC a partir de 2027.

El ministro ha explicado que, pese a que es un momento institucionalmente singular porque aún no está operativa la nueva Comisión Europea y no hay un documento de propuesta sobre la mesa en relación con la futura PAC, lo que España tiene claro es su centralidad, porque “no solo es la más antigua de las políticas comunes, sino que sus cinco objetivos, incluidos en el Tratado de Funcionamiento de la UE, están plenamente vigentes”.

Sobre la PAC a partir de 2027, España defenderá que garantice la estabilidad de ingresos a los agricultores y ganaderos con su política de rentas y que esté arropada por los mecanismos de gestión de crisis, sobre todo ante los cada vez más recurrentes episodios meteorológicos a causa del cambio climático.

En este sentido, ha recordado que el “excelente” sistema español de seguros agrarios se tradujo en el pago de 1.181 millones de euros en indemnizaciones a los agricultores y ganaderos en 2023, de los que 496 millones fueron en materia de sequía. Para el ministro, este mecanismo debería extenderse y facilitar el reaseguramiento a nivel europeo.

En lo relativo a la sanidad animal, ha confirmado que, durante esta reunión del Consejo, Francia y España van a buscar el apoyo de resto de países comunitarios sobre la idoneidad de mancomunar los esfuerzos de investigación y puesta a disposición de vacunas para las enfermedades animales, así como el mantenimiento del apoyo a las campañas de erradicación obligatorias como las desplegadas frente a la tuberculosis bovina.

Luis Planas ha afirmado que confía en una “conclusión pronta y equilibrada” del acuerdo UE-Mercosur ya que, en su opinión, es “estratégicamente necesario” para ampliar las posibilidades de venta de los productores comunitarios en los países de este bloque latinoamericano.

Eso sí, ha aclarado, “es importante que se pueda competir en las mismas condiciones”, en alusión a la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos con terceros países, un concepto que “se está abriendo camino” entre los Estados miembros.

Respecto a la aplicación de las nuevas técnicas genómicas (NTG) aplicadas a la mejora vegetal, ha sentenciado que Europa está ahora en una “situación de desventaja competitiva con los otros grandes productores del mundo”, por lo que España defenderá de nuevo que la Comisión adopte cuanto antes una legislación específica para su desarrollo, que ya es posible en otros ámbitos como el de la salud humana.

PESCA
En materia de Pesca, los ministros europeos responsables de esta área intentarán alcanzar un acuerdo político sobre las posibilidades de pesca en el mar Báltico para 2025 y adoptarán un frente común sobre túnidos de cara a la reunión Comisión Internacional de Conservación de Atún del Atlántico (ICCAT, en sus siglas en inglés) que se celebrará en Limassol (Chipre) en noviembre.

El ministro ha avanzado que España está en contra de reabrir el debate de los totales admisibles de capturas (TACs) en relación con el stock de atún rojo del Atlántico Este y mar Mediterráneo antes de que finalice, dentro de un año, las cantidades fijadas.

Respecto al patudo, España defiende el mantenimiento de la cuota actual sobre esta especie de túnido tropical, mientras que en lo que se refiere al pez espada, que se introduzca un plan de gestión que permita su captura plurianual.

El ministro Planas también aprovechará para demandar a la Comisión que defienda firmemente la implantación de una normativa en el contexto internacional similar a la existente en la UE en materia de prohibición del cercenamiento de aletas de tiburón y se evite seguir profundizando en la competencia desleal que ya supone la no aplicación de la obligación de aletas adheridas.