La Asociación de Organizaciones de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPHAL, ha denunciado este martes la aprobación definitiva por parte de Bruselas del Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR) tras dos años de intenso debate con el sector hortofrutícola europeo.

COEXPHAL señala que la aceptación de esta normativa genera una situación ‘incoherente’ y ‘segregacionista’ para productores y empresas que forman parte de la cadena de valor de frutas y hortalizas en Europa. Además, la norma contradice otras leyes europeas con objetivos de sostenibilidad y competencia.

El gerente de la Asociación de Organizaciones de Frutas y Hortalizas de Almería, Luis Miguel Fernández Sierra, ha insistido en que esta situación supone una suspensión en la intención inicial de la Unión Europea de retomar el diálogo con el sector agrario. “La normativa va en contra de objetivos como el desperdicio alimentario, la promoción del consumo de frutas y hortalizas o la seguridad alimentaria y la sostenibilidad”, afirma. Este reglamento supone una discriminación para los productores europeos, dejando de lado la armonización de normas a favor de la libre circulación de mercancías en la UE y confirma la nula intención de Bruselas de legislar para y por los intereses de los productores europeos, dejando, además, la soberanía alimentaria europea en riesgo de desaparición.

Una situación insostenible para el sector hortofrutícola

El Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR) establece, entre otras cuestiones, la prohibición del uso de envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas de menos de 1,5 kg a partir de 2030, así como el empleo de pegatinas no compostables. En este sentido, COEXPHAL señala que el empleo de este tipo de envases incrementará el desperdicio alimentario, fomentando su rápido deterioro, además de la reducción del consumo de frutas y hortalizas. La desaparición de pegatinas romperá con las demandas del consumido para obtener más información sobre el origen o características de producto, viendo sus derechos claramente violados.

“La aplicación de este tipo de medidas de forma arbitraria y sin estudios científicos o de impacto supone un duro golpe a los esfuerzos del sector por reducir el uso de envases y avanzar hacia una gestión más sostenible”, dice Fernández Sierra y añade que “se sigue legislando desde despachos en Bruselas cada vez más alejados del campo y la industria agroalimentaria europea”.

Regulación segregacionista

La implantación de la normativa implica que España podría mantener leyes más estrictas que las ya adoptadas como, por ejemplo, el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases, que obliga a vender a granel frutas y hortalizas por debajo de 1,5 kg, salvo una lista de excepciones pendiente de definir. Las exceptuaciones para productos con riesgos de deterioro serán determinadas individualmente por cada país, lo que provocará una vulneración en la libre circulación de mercancías, generando inseguridad y desigualdad entre los países comunitarios.

Además, este reglamento dificulta el avance de las organizaciones de productores hacia la valoración, diferenciación y promoción de los productos de sus socios, algo que rompe con los objetivos establecidos por la PAC desde hace más de 30 años.