La UE establece un marco común para la autorización de sustancias activas en productos fitosanitarios a través del Reglamento (CE) nº 1107/2009. Sin embargo, la implementación y la autorización final de estas sustancias pueden variar entre países debido a las condiciones específicas de cada territorio y a las decisiones nacionales sobre el uso. Esta disparidad genera una competencia desigual entre los productores europeos, afectando directamente a los agricultores españoles.

En España, la lista de sustancias activas aprobadas se encuentra regulada por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Aunque España sigue las directrices europeas, la evaluación de riesgos y las condiciones de uso pueden ser más estrictas que en otros países, lo que puede limitar el número de sustancias autorizadas.

En Francia e Italia, se observa una mayor flexibilidad en la autorización de ciertas sustancias activas debido a sus políticas agrícolas. Además, estos países pueden tener procedimientos más rápidos para la evaluación y aprobación de nuevas sustancias, lo que les permite tener una gana más amplia de opciones disponibles para los agricultores.

Por ejemplo, el Acramite 480 SC, con bifenazato como ingrediente activo, está autorizado en varios países de la UE, pero en España ha sido retirado del mercado, a pesar de su alta eficacia contra la araña roja. Sin embargo, otros países como Italia, su uso sigue permitido en cultivos clave, lo que les otorga una ventaja en la protección de estos cultivos frente a plagas.

En España, el fluopyram está autorizado, pero con restricciones, como un máximo de dos aplicaciones en dos años en fresal por riego de goteo, límites en el número de aplicaciones por campaña y bandas de seguridad cerca de masas de agua. Sin embargo, en Francia e Italia, no existen limitaciones, lo que les permite un uso más flexible del producto.

Esta falta de armonización en la regulación de sustancias activas dentro de la UE crea un marco regulatorio dispar, que perjudica la competitividad de la agricultura española. “Mientras que nuestros vecinos europeos cuentan con una mayor variedad de opciones para el control de plagas, en España se restringen productos esenciales, afectando directamente la productividad y la rentabilidad de nuestras explotaciones agrícolas”, señala Adoración Blanque, presidenta de la organización agraria.

Desde ASAJA Almería han instado a la Comisión Europea y a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a promover una armonización real y equitativa en la autorización y restricciones de sustancias activas en la UE. "Es fundamental garantizar que todos los agricultores europeos tengan acceso a las mismas herramientas y oportunidades para competir en igualdad de condiciones", insisten.