El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la próxima convocatoria de ayudas de la Consejería de Agricultura, Peca, Agua y Desarrollo Rural para fomentar procesos de fusión e integración de entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía. Con un presupuesto 2,5 millones de euros, estas subvenciones buscan potenciar tanto la integración de pequeñas y medianas empresas agroalimentarias en otras de mayor tamaño (1,5 millones de euros) como su fusión por absorción o por la constitución de una nueva entidad (un millón de euros). Los beneficiarios pueden ser las sociedades agrarias de transformación (SAT) y las cooperativas de primer y segundo grado del sector agroalimentario con sede en Andalucía.

Además, también pueden acceder a los incentivos las entidades mercantiles cuyo capital social se corresponda en más del 50% con una SAT o cooperativa dedicada a esta actividad económica. Con estas ayudas, la Junta de Andalucía presta apoyo a un sector agroalimentario que viene realizando importantes esfuerzos para superar la atomización y pequeña dimensión que caracteriza tradicionalmente a este tejido empresarial. Sin embargo, apostar por figuras organizativas de cooperación empresarial permite a las empresas beneficiarse de las ventajas que conlleva la concentración de la oferta y aprovechar la economía a escala para impulsar la competitividad del sector agroindustrial andaluz. Entre otros beneficios, permite aumentar el volumen de producción y comercialización, ganando capacidad de negociación frente a intermediarios, distribuidores y grandes superficies.

De esta forma, pueden conseguir mejores precios de venta y condiciones más favorables en la compra de insumos o la contratación de servicios. Además, la fusión de entidades permite optimizar recursos mediante el sistema de ‘economías de escala’, reduciendo costes de producción, transporte, almacenamiento y transformación al compartir infraestructuras y servicios. Otras ventajas de la unión de las empresas son la mayor facilidad para acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales; el incremento de las posibilidades de invertir en certificaciones de calidad, en I+D+i y en marketing; y el aumento de las garantías para mantener la actividad económica a largo plazo, generando empleo más estable en las zonas rurales.