El Gobierno andaluz ha ‘plantado cara’ junto con los Ejecutivos de Murcia y Valencia ante el “insolidario” recorte del trasvase Tajo-Segura que ha llevado a cabo el Gobierno de España y que, sólo en Almería, supondrá pérdidas económicas por más de 30 millones de euros, afectando de forma directa a 5.000 hectáreas, e indirectamente, a 24.000 de la zona del Levante, dedicadas fundamentalmente a cultivos al aire libre.

Así lo ha indicado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha participado este martes junto con los máximos dirigentes de los gobiernos autonómicos de Murcia y Valencia, en un acto contra las nuevas reglas de explotación del trasvase, convocado en Murcia por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

“Venimos a plantar cara al Gobierno de Pedro Sánchez y su política de sequía, que no de agua”, ha afirmado el consejero, quien ha garantizado que Andalucía “dará la batalla,como lo está haciendo desde 2019, por los regantes, por la agricultura y por los derechos del agua que no son de unos pocos, como nos quieren hacer ver desde el Ministerio de Transición Ecológica”.

Tras lamentar que “algunos hayan hecho de este bien público un arma arrojadiza con la que pagar fidelidades y castigar territorios”, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha asegurado que el sureste español sufre “una doble sequía: la climatológica y aquella a la que le somete el Gobierno de España que, favorece la insolidaridad entre territorios y condena, sin agua, de forma constante y continuada, a regiones como Murcia, Valencia y Andalucía”.

Decisión unilateral del Gobierno de España

Ha criticado que, “precisamente cuando más recursos hídricos hay, el Ministerio de Transición Ecológica, de forma unilateral y sin aceptar la participación ni la colaboración de las regiones más afectadas, toma una decisión que viene a reducir a la mitad el agua destinada desde el trasvase Tajo-Segura a la que es huerta de Europa, la que da de comer no sólo a los españoles sino a cientos de millones de europeos al año.

En su opinión, el “hachazo” a los regantes de Alicante, Murcia y Almería pone en peligro no sólo miles de hectáreas de cultivo sostenible y eficiente, sino que hace peligrar también la soberanía alimentaria de Andalucía. “Secar el sureste español tiene efectos directos sobre nuestro campo, nuestro PIB, el volumen de nuestras exportaciones y el empleo de miles de familias que viven de forma directa e indirecta de la agricultura”, ha advertido el consejero.

Fernández-Pacheco ha dicho entender la “preocupación e indignación” de los regantes y ha insistido en que el Gobierno andaluz no a va a permanecer callado. Según ha insistido, “no vamos a permitir este recorte y vamos a recurrir todo lo recurrible, vamos a pelear en el ámbito político, por supuesto, en el jurídico, en el técnico, y también en el social para que se escuche la voz del campo de Alicante, del de Murcia y del de Almería”.

Ha remarcado que desde Andalucía, Valencia y Murcia “no pedimos que nos den lo que les falta a otros; no pedimos para que les falte a otros; pedimos un agua que hay, que puede ser trasvasada sin afectar al medio ambiente, sin perjudicar a nadie. Un agua que, en Andalucía, en Valencia y en Murcia transformamos en riqueza. Un agua con el que se desarrolla social y económicamente todo un territorio”.

Plan Nacional del Agua, “aparcado”

Junto a ello, el consejero ha lamentado que el Gobierno de España haya dejado “aparcado” el Plan Nacional del Agua “frente a un Plan Nacional de la Sequía”. Y es que, en lugar de hacer las obras prometidas y comprometidas al estar declaradas de interés general del Estado, --118 están pendientes en Andalucía--, “está empeñado en convertir en norma lo que le piden sus socios, lo que sea necesario, a pesar de que perjudique claramente a otros”.

Para Fernández-Pacheco, el Gobierno de España, el Ministerio de Transición Ecológica y algunos presidentes de comunidades autónomas deberían saber que los trasvases, “no son un regalo que unas regiones, que unas cuencas, hacen a otras. El agua es recurso natural, un bien público y es el Estado, titular del dominio público de las aguas, el que tiene la competencia a la hora de planificar su utilización”.