Las organizaciones agrarias ASAJA y COAG de Almería exigen al Gobierno Central la modificación de la Orden de reducción de módulos (Orden HAC/408/2025, de 28 de abril), tras tener conocimiento del Informe que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía remitió ayer, 28 de mayo, al Ministerio de Agricultura, tal y como durante la reunión mantenida en la delegación de Agricultura de Almería dos semanas atrás. Los responsables de ASAJA y COAG vuelven a exigir que el sector hortícola de Almería, entre otros sectores agrarios, quede recogido dentro de las medidas fiscales previstas para la declaración de la renta de 2024, siendo corregido el Índice de Rendimiento Neto aplicable sobre la declaración de la renta de estos/as agricultores/as.

Ambas organizaciones llaman la atención de las instituciones responsables (Ministerios de Agricultura y Hacienda) sobre el hecho de que el periodo para tramitar las declaraciones de la renta está próximo a terminar por lo que la rectificación del error cometido es ya apremiante. Los representantes de ambas organizaciones han denunciado que la actual redacción de la Orden ministerial ignora completamente las pérdidas sufridas por los agricultores de la provincia debido a inclemencias climáticas, plagas y virosis, y han señalado que esta omisión representa una grave injusticia que compromete la viabilidad de muchas explotaciones.

En este sentido, ASAJA y COAG han podido tener acceso al contenido del Informe presentado por la Consejería de Agricultura, constatando que en el mismo quedan reflejadas pérdidas suficientes para los municipios afectados por la DANA que fueron excluidos de la Orden ministerial, y más en concreto, las reducciones que afectarían a Berja y El Ejido. Por otra parte, en el documento se refleja, asimismo, las pérdidas ocasionadas por plagas y virosis que tampoco fueron recogidas en la Orden de Hacienda, solicitando de esta forma que se recojan todos estos daños dentro de la reducción fiscal prevista en el régimen de módulos para el sector agrario. ASAJA y COAG insisten en que es urgente que la administración estatal actúe con responsabilidad y coordinación para reparar una injusticia que afecta a miles de agricultores en la provincia.