La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha enviado un informe técnico al Gobierno central solicitando que revise la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (conocidos como módulos de IRPF) de la actividad agraria para el ejercicio 2024. El objetivo de la Junta es lograr que se modifiquen estos módulos para adaptarlos a la realidad del campo andaluz, a cuya productividad han afectado negativamente diversos factores como la sequía, las DANAs, las plagas o enfermedades.

Desde el punto de vista del Gobierno andaluz, es necesario modificar la reducción de módulos propuesta por el Estado para poder ofrecer a los agricultores y ganaderos de Andalucía el apoyo que merecen, ya que la bajada de impuestos establecida actualmente no refleja adecuadamente la magnitud de los daños ni las particularidades del campo de esta región. Los productores del sector primario llevan a cabo un duro trabajo diario para garantizar que los mercados cuenten con alimentos de calidad y en cantidad suficiente para responder a las demandas de los consumidores. Por esta razón, la Consejería de Agricultura remitió en febrero al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un informe basado en datos técnicos que avalaba la propuesta de rebaja de módulos del Ejecutivo andaluz.

Sin embargo, la Orden publicada por el Gobierno nacional discrepa significativamente en diversas reducciones solicitadas por Andalucía. Entre otras medidas que no se han atendido se encuentra la petición andaluza de una reducción general del 35% para todas las producciones agrícolas y forestales. Esta solicitud aumentaba hasta el 45% para sectores especialmente afectados en 2024 por situaciones excepcionales; como es el caso de los cultivos hortícolas, los cereales, los cítricos, los frutos secos y la flor cortada. Pero, a pesar de la complicada situación que han tenido que enfrentar estos productores andaluces, Estado no contempla reducir los módulos correspondientes.

En el caso de la ganadería, la Junta reclamaba una reducción del 50% para los módulos de todas las producciones ganaderas en general y ajustes adicionales para sectores concretos. Frente a esta petición, el Ministerio de Hacienda ha apostado por no bajar los impuestos de forma genérica a los ganaderos ni contemplar, por ejemplo, una reducción del módulo que se aplica a la producción de vacuno de leche como se solicitaba desde Andalucía. Asimismo, tampoco ha aplicado la bajada solicitada por la Junta para la apicultura ni para los sectores cárnico y lechero. En el caso de la producción apícola, se ha establecido un módulo de 0,13, frente al 0,02 solicitado por la Consejería andaluza; para el ovino/caprino de leche, la reducción ha sido al 0,18 a pesar de que se reclamaba el 0,07; y en el sector ovino/caprino de carne, el módulo ha quedado en 0,09 en lugar de 0,04 como pedía Andalucía.

Respecto a la bajada de impuestos para productores de territorios concretos, destaca, entre otros, el caso de los agricultores dedicados al cultivo de hortalizas de El Ejido y Berja (Almería). El Gobierno andaluz reitera la necesidad de reducir el índice aplicable del 0,26 al 0,08 para estos municipios donde se han registrado pérdidas de rendimiento superiores al 30% debido a los efectos combinados de la DANA de octubre de 2024, la proliferación de plagas comoThrips parvispinusy diversas virosis.

Búsqueda de equidad

El informe elaborado por los técnicos de la Consejería de Agricultura refleja además la existencia de agravios comparativos generados por la exclusión de determinados municipios con condiciones idénticas a otros que se benefician de una mayor reducción de los módulos de 2024. Se encuentran en esta situación, por ejemplo, productores sevillanos de flor cortada; profesionales del sector del olivar de El Rubio y Marinaleda; y agricultores que cultivan algodón en las localidades de Los Palacios, Dos Hermanas y Utrera.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía solicita una revisión inmediata de la Orden que permita garantizar la equidad territorial y el mantenimiento de la viabilidad de miles de explotaciones afectadas el año pasado por situaciones especialmente complejas.